El pasado martes 18 de mayo, la policía del Estado de Chiapas reprimió de forma violenta   a cerca de 250 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” que llevaban a cabo una protesta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por demandar condiciones de igualdad y no discriminación para el acceso a la educación. Durante el desalojo fueron detenidas arbitrariamente 95 personas y posteriormente trasladadas a centros de privación de libertad; entre ellas 74 jóvenes mujeres, en su mayoría indígenas de los pueblos tsotsil, tseltal y chol. Varias de las mujeres detenidas denunciaron haber sido objeto de distintas agresiones durante la detención, incluyendo malos tratos y agresiones de carácter sexual como tocamientos.

Las 74 estudiantes permanecieron detenidas hasta el domingo 23 de mayo, fecha en la que el juez decretó su libertad, todas quedaron ligadas a proceso judicial por los delitos de “daños, robo con violencia, pandillerismo, motín, atentados contra la paz, y la colectividad corporal y patrimonial del Estado”. Estos son los mismos delitos que se imputan a los 19 jóvenes que continúan privados de su libertad en espera de que su situación se esclarezca en la audiencia programada para este martes 25 de mayo. Es importante aclarar que de los 19 detenidos, dos pertenecen al movimiento de desplazados del Ejido Puebla de Chenahó, quienes cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las Escuelas Normales Rurales, como la de “Mactumactzá”, son para muchas estudiantes de comunidades indígenas y rurales una de las pocas vías de continuar con su formación. Por ello históricamente han desarrollado un papel muy relevante para revertir la desigualdad, la exclusión y la discriminación estructural que viven los pueblos y comunidades indígenas y rurales de México. Los maestros y maestras egresadas de las Normales rurales son fundamentales para garantizar el acceso a la educación de sus propias comunidades desde el respeto a sus idiosincrasias, cosmovisiones, lenguas y autodeterminación. 

Además, las Escuelas Normales son vitales para avanzar en la igualdad de género, con una presencia muy significativa de jóvenes mujeres, pues mientras el sistema educativo nacional mantiene una lógica  racista, clasista y patriarcal que las excluye, estos centros educativos permiten que las mujeres participen y se conviertan en promotoras del derecho a la educación en sus comunidades. Las Normales también han participado activamente en las luchas por la justicia social de sus pueblos y la difusión de los derechos humanos. Es por este rol transformador en algunos de los territorios más empobrecidos del país, que las personas que estudian en las Normales Rurales han sido históricamente atacadas y criminalizadas, y sus escuelas abandonadas y precarizadas por los gobiernos en turno y otros grupos de poder.  

En este sentido, el motivo de la protesta que el pasado 18 de mayo era exigir que el exámen de acceso a la Normal fuese de carácter presencial, cuidando las medidas biosanitarias decretadas en el marco de la la pandemia por COVID-19, puesto que la mayoría de estudiantes provienen de comunidades indígenas y rurales sin acceso a internet, por lo que la brecha digital supone para todas estas personas una condición de exclusión y discriminación estructural. 

La brutalidad y desproporción de la respuesta policial y del sistema de justicia ante estas legítimas propuestas, incluyendo las agresiones sexuales perpetradas contra las estudiantes, es una evidencia más de la naturaleza racista, clasista y patriarcal del Estado y de las políticas de muerte a las que éste sirve. 

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos humanos reconocemos la dignidad, la legitimidad y la importancia de la lucha de los compañeros y compañeras estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”, quienes reivindicando su derecho a acceder a la educación están defendiendo el derecho de las poblaciones más violentadas, excluidas y discriminadas a resistir frente a las políticas de muerte y a continuar construyendo sus propias resistencias y alternativas de vida. 

Condenamos la actuación del gobierno de Chiapas y exigimos el fin de la criminalización de las 74 normalistas y la inmediata libertad sin cargos de los 19 jóvenes que siguen privados de libertad, de los cuales 17 son estudiantes y 2 desplazados del Ejido Puebla. 

Llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con el movimiento estudiantil de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” y a acuerpar sus demandas y exigencia de libertad y cese de la criminalización.