Desde el pasado 18 de abril, en el marco de la conmemoración del aniversario del estallido social de 2018, el hostigamiento policial a mujeres activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos se ha intensificado. Estos hostigamientos se producen de forma reiterada y sistemática y vienen acompañados de restricciones a la libertad de movimiento, actos de vigilancia, persecución y retenciones domiciliarias ilegales de hasta una semana de duración. Todo ello con el objetivo de impedir que las defensoras se movilicen para ejercer su legítimo derecho a la protesta.
Según denuncias de las defensoras, agentes de la Policía Nacional se presentan a sus vivienda desde tempranas horas de la mañana en patrullas y en ocasiones se hacen acompañar por grupos parapoliciales, ponen conos frente a sus casa, toman fotos y videos a ellas y sus familiares, además les han dicho que tienen la orden de no dejarlas salir de sus casas; obstaculizando de esta manera el ejercicio de sus derechos y sus familiares.
Entre las defensoras afectadas se encuentran: Ivania Álvarez, Neyma Hernández, Tamara Dávila, Johana Espinoza Delgado, Mariangeles Delgado Lindo, Linette Mendez, Danelia Arguello, Kalua Salazar, Daysi Godoy y Martha Alvarado.
Desde la IM-Defensoras expresamos nuestro repudio ante estos hechos absolutamente arbitrarios e ilegales, los cuales violan derechos garantizados por las propias leyes del país, así como por los estándares internacionales de derechos humanos, y provocan graves afectaciones sobre la vida cotidiana de las defensoras nicaragüenses y sus familias.
Nos preocupa la escalada y la normalización de estos actos de vigilancia y hostigamiento, exigimos se les ponga fin de inmediato y hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier vulneración a la integridad y la seguridad tanto de las defensoras como de sus familias.
Abrazamos y nos solidarizamos con estas compañeras, activistas, periodistas, presas políticas excarceladas y defensoras de derechos humanos que, pese a las dificultades y el constante hostigamiento que viven junto a sus familias, no cesan en su digno y legítimo empeño de trabajar por un país mejor, construyendo comunidad, edificando una política colectiva que protege y sostiene la vida.
Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para solidarizarse con ellas y mantenerse al pendiente de la situación en Nicaragua, donde, a tres años del estallido social, el autoritarismo del Gobierno, expresado a través de la persecución política y criminalización contra cualquier voz crítica, la violencia policial y parapolicial y las reiteradas y sistemáticas violaciones a derechos fundamentales, continúa profundizando la grave crisis socio-política y de derechos humanos en la que está sumido el país.