Madrid, a 1 de marzo de 2021
Sra. Arancha González Laya
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Gobierno de España
Excmo. Sr. D. Norman García Paz
Embajador de Honduras
Embajada de Honduras
Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para subrayar la importancia de garantizar el pleno acceso a la justicia y a la verdad en relación con el asesinato de la reconocida defensora hondureña de los derechos de los pueblos indígenas, Berta Cáceres. En su calidad de Embajador de Honduras le instamos a que actúe para garantizar los estándares del debido proceso legal en vista de la apertura del juicio público contra David Castillo por su presunta participación en el asesinato de Berta Cáceres.
El 2 de marzo de 2021 se cumple el quinto aniversario del asesinato de la reconocida defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en Honduras. Este trágico suceso supuso un duro golpe no sólo para la comunidad de defensores y defensoras de las Américas, sino para todo el mundo, ya que reflejaba claramente el arriesgado contexto al que se enfrentaban y se siguen enfrentando las personas defensoras de derechos humanos en el país. Berta Cáceres se ha convertido en un símbolo de esperanza y valor para todas las personas que luchan por la justicia y la dignidad.
Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada hace cinco años, el 2 de marzo de 2016, en La Esperanza, Intibucá, tras liderar una campaña para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica financiada con fondos internacionales en un río sagrado para su pueblo lenca. Siete personas fueron declaradas culpables de su asesinato, y el 2 de diciembre de 2019 fueron condenadas a penas de prisión. Sólo una persona, David Castillo Mejía, está acusada hasta ahora de ser "autor intelectual" de su asesinato, a pesar de que un informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) señala a otras personas que podrían haber participado en la planificación del crimen. Castillo Mejía era el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), encargada del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Según el COPINH, los abogados de David Castillo ha adoptado medidas dilatorias en reiteradas ocasiones, provocando retrasos en el proceso judicial hasta la fecha. Amnistía Internacional ha solicitado reiteradamente a las autoridades hondureñas que garanticen los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación a la familia de Berta Cáceres y a los miembros del COPINH. Teniendo en cuenta las posibles restricciones de acceso a la sala del tribunal debido a la actual pandemia de COVID-19, las organizaciones también pedimos a las autoridades hondureñas que tomen todas las medidas adecuadas para garantizar que el proceso es público y transparente, mediante el uso de medios remotos si es necesario.
En este momento crucial dentro de la investigaciones nos preocupan ademas el incremento continuo de las agresiones denunciadas por la comunidad indígena lenca. Entre los años 2017 al 2020 el COPINH ha presentado cerca de 35 denuncias ante la fiscalía sobre estos hechos sin que hayan sido asumidas acciones legales contra los presuntos agresores.
Honduras es el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Según el último informe de Global Witness, Honduras tiene la mayor tasa per cápita de asesinatos de estas personas defensoras en el mundo. La falta de identificación y acusación de todas las personas responsables del asesinato de Berta Cáceres pone en peligro a otros defensores y deja impunes a los responsables del crimen. Cabe destacar que, a pesar de ello, el Estado hondureño aún no ha firmado el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el primer instrumento internacional vinculante que incluye la protección de los defensores ambientales.
Es por estas razones que instamos a las autoridades hondureñas a:
Asegurar que se respeten plenamente las garantías del debido proceso legal, garantizando también la transparencia y el acceso público al proceso judicial, incluyendo la presencia de periodistas y observadores.
Garantizar que se lleve a cabo una investigación imparcial, independiente, oportuna y exhaustiva para identificar y juzgar a quienes ordenaron su asesinato, aprovechando todos los recursos y conocimientos nacionales e internacionales disponibles que puedan ayudar a garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Reconocer públicamente que la defensa del COPINH y de los derechos del Pueblo Lenca, en particular la búsqueda de justicia en el caso de Berta Cáceres, es legítima y no debe ser objeto de ataques y asegurar que dicho reconocimiento se realice al más alto nivel del gobierno hondureño.
Velar por que las denuncias de los ataques al COPINH sean investigadas de forma oportuna, exhaustiva e imparcial a fin de que sus responsables, tanto materiales como intelectuales, sean llevados ante la justicia.
Adherirse al Acuerdo de Escazú, para que el Estado hondureño implemente medidas específicas para la protección de los defensores de los derechos ambientales.
Atentamente,
AIETI, Amnistía Internacional, Amigos de la Tierra, APDHE, Calala Fondo de Mujeres, CEAR Euskadi, CEAR Comissió Catalana, Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteco, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Entrepueblos, Ecologistas en Acción, Frontline Defenders, Fundación Abogacía España, Greenpeace, Global Witness, ICID, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Mundubat, PBI Brigadas Internacionales de Paz, Paz con Dignidad, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.