El pasado 30 de enero, en las instalaciones del Instituto de Liderazgo de Las Segovias que permanecen usurpadas por el Estado desde su confiscación ilegal en 2018, se llevó a cabo un evento para celebrar la apertura en ellas de una sede de la Universidad Campesina (UNICAM), propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- Managua). En este evento participaron la Procuraduría General de la República (PGR) y altos mandos de la Policía.

La directora del Instituto, Haydee Castillo, defensora de derechos humanos obligada a permanecer en el exilio debido a la persecución política, ha denunciado la usurpación de los bienes del Instituto como parte de la continuidad de los actos de represión que el gobierno de Nicaragua sigue perpetrando contra el derecho de libre asociación. A dichos actos se suman las violaciones que, mediante leyes restrictivas como la denominada “Ley de Agentes Extranjeros”, pretenden callar las voces disidentes e inhabilitar a las organizaciones civiles y de derechos humanos.

En esa misma línea, el día anterior,  29 de enero, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció que su sede en Managua estaba siendo demolida por orden del gobierno nicaragüense y que su filial en Juigalpa fue utilizada para abrir un puesto de salud. Más recientemente, el pasado 10 de febrero, las personas propietarias de los canales televisivos de 100% noticias y Confidencial denunciaron la destrucción de sus sedes editoriales.

El origen de todos estos hechos se remonta al 13 de diciembre de 2018, cuando la Asamblea Nacional canceló de manera arbitraria la personería jurídica de 9 organizaciones de derechos humanos y dos medios de comunicación, entre ellas el Instituto de Liderazgo de Las Segovias y el CENIDH, organizaciones lideradas por defensoras de los derechos humanos, de las mujeres y la libertad de expresión. De todas estas organizaciones ninguna enfrentó un proceso judicial, ni administrativo, tampoco se les permitió el derecho a la defensa y, a pesar de haber interpuestos recursos de amparo y por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, hasta la fecha no han sido resueltos. Desde entonces, las instalaciones fueron ocupadas por fuerzas policiales y antimotines armados. A finales de diciembre de 2020, el gobierno colocó una serie de rótulos en los que anunciaba que los inmuebles ocupados pasaban al Estado y la asignación a supuestos programas pertenecientes al Ministerio de Salud.  

Desde la IM-Defensoras condenamos estos actos arbitrarios que vulneran la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos de la población nicaragüense. Exigimos el cese inmediato de la campaña de persecución y represión contra organizaciones feministas y de derechos humanos y movimientos sociales en Nicaragua. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con estas organizaciones y a mantenerse vigilantes ante la profundización de la crisis política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018.