"La Enredadera" es un espacio de opinión abierto a todas las defensoras de derechos humanos. |
Equipo de Comunicación IM-Defensoras. Foto: Prensa Comunitaria
Pía Flores, Jody García, Kimberly López y Francelia Solano, periodistas especializadas en la visibilización de las violencias machistas, están enfrentando una feroz campaña de amenazas y descrédito en redes sociales desde que se destapó el caso en el que se señala al ex-director del medio digital Nómada como abusador sexual.
En el departamento del Quiché, la comunicadora comunitaria maya k’iche Anastasia Mejía permanece en prisión preventiva desde el martes 22 de septiembre tras ser detenida y criminalizada por dar cobertura, desde el medio radiofónico que dirige, a unas protestas contra el alcalde corrupto de su municipio.
El mismo día que detuvieron a Anastasia, las hermanas Lucia, Gabriela y Andrea Ixchiu, comunicadoras sociales y activistas culturales, fueron agredidas cuando se encontraban documentando una tala ilegal de árboles en el Bosque Comunal de Pacotom, en el departamento de Totonicapán.
Entre el 26 y el 28 de septiembre, Jovanna García y Mercedes Vaides, corresponsales de los medios digitales “Ruda mujeres + territorio” y “Prensa Comunitaria” respectivamente, fueron objeto de agresiones verbales, intimidaciones, hostigamiento y amenazas, tanto de forma presencial como a través de redes sociales, por informar sobre acciones relacionadas con la celebración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto.
Un presidente denunciado por cientos de periodistas
Estos no son hechos aislados, desde principios de año, con la llegada al gobierno de Alejando Giammattei, con el pretexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, el país entero ha visto limitados sus derechos a través de la imposición de estados de excepción que han sido decretados desde el segundo día de su mandato y que han implicado graves restricciones para la libertad de expresión.
Por este motivo, el pasado mes de abril, más de 100 periodistas, comunicadores y organizaciones denunciaron públicamente al presidente del gobierno guatemalteco, por acoso, intimidaciones y censura.
La restricción a la libertad de expresión y los actos violentos y acciones de criminalización contra las mujeres periodistas buscan callar la voz de quienes desde la primera línea trabajan por denunciar las violencias contra nuestros cuerpos y territorios y privar con ello a la sociedad y las comunidades guatemaltecas de su derecho de acceso a una información veraz, de primera mano y sin sesgos misóginos ni racistas.
Juntas somos legión
Por mucho que las ataquen, que las difamen, que las amenacen y agredan con discursos de odio, cada vez son más las mujeres en Guatemala que alzan su voz a través de periódicos, medios digitales, radios comunitarias o redes sociales. Obviamente, no debemos dejar de exigirle al Estado que cumpla con la obligación de garantizar su protección y el libre ejercicio de su libertad de expresión, pero sin olvidar que ese mismo Estado es en gran parte responsable de estos ataques y del contexto estructural que los propicia, por lo que en este sentido es muy poco lo que podemos esperar de él.
Desde marzo de 2020, hemos emitido 16 alertas como acción de protección a compañeras periodistas de toda Mesoamérica. La mejor herramienta que tenemos para protegernos entre nosotras, es la denuncia. Juntas somos legión.
Protegerlas es una tarea colectiva, que está en las manos de todas las defensoras y comunicadoras del país y de la región, a través del acuerpamiento, de ser altavoz de sus denuncias, de sus trabajos e investigaciones, contribuyendo a liberar su voz de los múltiples obstáculos que encuentran en sus contextos.
Es evidente que las mujeres comunicadoras guatemaltecas tienen tanto que decir, tanto que contar, tanto que informar a sus gentes y al mundo entero, que por mucho que las ataquen no las van a callar, porque sus nuestras voces también serán sus voces.