El martes 21 de julio, un tribunal nicaragüense emitió fallo de culpabilidad contra la activista social y mujer transgénero Celia Cruz por el delito de “secuestro extorsivo”, el cual conlleva penas de entre 10 y 12 años de prisión.

Celia Cruz es una joven mujer transgénero con un reconocido liderazgo comunitario en Ometepe, e integrante de la Alianza Cívica en Rivas. Ella es una de las cuatro mujeres presas políticas que actualmente permanecen privadas de libertad en Nicaragua. En su caso, en el centro penitenciario masculino Jorge Navarro, también conocido como “La Modelo”, ello pese a su condición de mujer trasgénero. 

Celia ha sido detenida de manera arbitraria en dos ocasiones. La primera, en noviembre de 2019, permaneciendo privada de libertad durante tres días durante los cuales la policía la sometió a golpizas y tratos vejatorios, siendo finalmente dejada en libertad sin cargos. La segunda detención tuvo lugar el pasado 21 de abril, tras presentarse a una citatoria policial dos días después de haber documentado y desarrollar tareas de mediación ante la policía durante una protesta en la isla de Ometepe, en el marco del 2º aniversario del inicio de la insurrección pacífica contra el gobierno. 

Desde entonces, permanece privada de libertad y enfrentando continuas agresiones: desde interrogatorios en los que se le pregunta por su activismo político, humillaciones y malos tratos por su doble condición de perseguida política y mujer trans, amenazas e insultos por parte del personal del centro penitenciario y otros internos o privación de acceso a medicamentos, entre otras graves vulneraciones a sus derechos humanos. Recientemente ha sido agredida y amenazada de muerte por parte de un recluso que cuenta con la protección del personal de la prisión.

Desde la IM-Defensoras consideramos este fallo de culpabilidad contra Celia Cruz absolutamente desproporcionado y constituye un caso claro de criminalización y ensañamiento judicial con el objetivo de castigar su activismo y liderazgo comunitario en Ometepe. 

A ello se une el desprecio por parte de las instituciones del Estado nicaragüense a su identidad de género, poniendo en riesgo su vida al internarla en una prisión para hombres y albergando, tolerando e incluso alentando agresiones y humillaciones en su contra.

Por todo ello, señalamos al Estado nicaragüense como responsable de cualquier afectación que pudiera darse sobre la vida y la integridad física, moral y psicológica de Celia Cruz y hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional y a las instancias y mecanismos de derechos humanos para que se pronuncien sobre esta grave violación a derechos humanos, se solidaricen con Celia Cruz y alcen su voz para exigir su libertad inmediata.