Durante el fin de semana del 17 al 19 de julio Nicaragua ha vivido una escalada de la represión y la persecución política por parte de fuerzas de seguridad y grupos afines al gobierno contra activistas, personas presas políticas ex-carceladas y defensoras de derechos humanos en todo el país.
En este contexto se han denunciado múltiples actos de hostigamiento contra presas políticas ex-carceladas y sus familias, entre ellas Jeyssy Lagos, Nelly Roque, Mariela sotelo y Antonia Jiron; madres de presos y presas políticas como Xiomara Saavedra y Martha Alvarado, o contra activistas y defensoras de derechos humanos como es el caso de Kosovo Estrada y Marlene Ponce.
A ello se suman al menos doce detenciones arbitrarias contra activistas, dos de los cuales permanecen privados de libertad; la entrega por parte de la policía de al menos cinco citatorias contra personas ex-carceladas en Jiinotega; diversos allanamientos ilegales de hogar y el asesinato de un joven en La Trinidad presuntamente perpetrado por un simpatizante del partido de gobierno. Relacionado con este último suceso también se ha denunciado que fue incendiada la casa de un familiar del muchacho asesinado y que los bomberos se negaron a sofocar el incendio.
Todo ello sucede en el marco de la emergencia sanitaria mundial por COVID-19, con la población nicaragüense viviendo una situación de gran vulnerabilidad en todos los niveles (económico, salud, ejercicio de derechos, etc), y con la omisión por parte del Gobierno a informar de manera responsable y a tomar las medidas necesarias y apegadas a derechos humanos para garantizar el derecho a la salud, llegando incluso a poner en peligro a la población al seguir convocando actos multitudinarios como el celebrado el pasado 19 de julio, en conmemoración del 41 aniversario de la revolución sandinista.
Desde la IM-Defensoras expresamos nuestro rechazo ante la escalada de la represión y violencia política que se ha cobrado una nueva víctima, así como a la intensificación de los hostigamientos y ataques contra ex-carceladas, activistas y defensoras de derechos humanos, haciendo responsable al Estado nicaragüense de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica y moral.
Llamamos a la comunidad internacional e instancias oficiales de derechos humanos a no dejar de mantenerse al pendiente de la situación en Nicaragua, país que sigue plenamente inmerso en la crisis socio-política y de derechos humanos que inició en abril de 2018, y donde el libre ejercicio de los los derechos políticos, de la libertad de expresión y de la defensa de derechos humanos está completamente restringido, cuando no criminalizado y expuesto a violencias de todo tipo.
