Defensoras de derechos humanos y manifestantes que ejercían derecho a la reunión pacífica
Actividad
Defensa los derechos humanos y políticos
Agresiones
Detención arbitraria
HECHOS - En la mañana del domingo 14 de octubre, la policía nacional ha detenido de manera arbitraria en Managua a más de veinte personas que estaban ejerciendo el derecho a la reunión pacífica para exigir la libertad de las personas presas políticas en Nicaragua. Entre las detenidas se reportan al menos a 13 mujeres, entre las que se encontrarían destacadas defensoras de derechos humanos, feministas y activistas sociales como Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Ana Lucía Alvárez, Suyen Barahona, Marlen Chow y Alejandra Machado Blandón.
Junto a ellas tambien se reportaron como detenidas en la lista preliminar a Alba Aragón, Geisel Solis, Marcela Martínez, María de los Ángeles Gutierrez, María Dolores Monge, Sandra Cuadra, Marvin Reyes, Allan Cordero, Andrés Reyes, Ángel Miranda, Francisco Ortega, Freddy Ramírez, Gustavo Vargas, Gustavo Argüello, Irving Dávila, José Antonio Peraza, Mauricio Ríos, Orlando Rafael, Ramiro Lacayo y Salvador Berrios.
Estas detenciones vienen precedidas de un comunicado amenazante por parte de la Policia Nacional prohibiendo cualquier acción de protesta que no cuente con autorización, lo que vulnera el Art. 53 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual reconoce el derecho de reunión pacífica sin permiso previo.
Por ello, desde la IM-Defensoras condenamos y denunciamos estas detenciones como ilegales y como una muy grave vulneración de los derechos humanos y políticos de las personas detenidas; exigimos la libertad inmediata de todas ellas así como el respeto a su integridad física y moral, haciendo responsable al Estado de cualquier cosa que pudiera sucederles.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que no aparte su mirada de la grave crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde el pasado mes de abril, la cual, lejos de solucionarse, se agrava a través de estrategias gubernamentales orientadas a la criminalización de la defensa de los derechos humanos y la protestas social y a la cancelación de derechos políticos fundamentales establecidos por la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
