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Mesoamérica, 5 de septiembre de 2018 - La IM-Defensoras y la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala manifestamos nuestro más absoluta condena y rechazo a la decisión del Gobierno guatemalteco de revocar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), anunciada el pasado viernes 31 de agosto. También denunciamos y expresamos nuestra preocupación ante la intensificación de la campaña de descrédito y desinformación sobre el trabajo llevado a cabo por esta Comisión que desde hace tiempo se viene realizando a través de diversos medios, así como ante el despliegue del ejército en las calles con el objetivo de amedrentar y desincentivar el legítimo derecho a la protesta de los y las guatemaltecas.
En sintonía con lo expresado por la CIDH1 y por múltiples organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos2, reconocemos el rol trascendental de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala a través de la desarticulación de redes criminales y estructuras del crimen organizado, a través de investigaciones que han evidenciado el presunto involucramiento de altos funcionarios de los tres poderes del Estado, y su papel esencial para el fortalecimiento de la justicia y el estado de derecho. Sin duda, la disolución de la CICIG es una decisión arbitraria por parte del Gobierno, basada en el interés particular de quienes lo integran y orientada a consolidar la impunidad frente a los numerosos casos de corrupción que se han destapado y que se encuentran sujetos a proceso judicial.
El trabajo vital que hace la CICIG en contra de la corrupción y la impunidad es un pilar fundamental para la defensa y protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Atacar la legitimidad, la credibilidad y la trayectoria de trabajo de la CICIG supone también un ataque contra las luchas diversas de las mujeres, de la población LGBTI, de los pueblos indígenas y de los diferentes movimientos sociales, para quienes la impunidad y corrupción vigentes representan grandes obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos.
Nos preocupa especialmente que esta medida pueda venir acompañada de campañas de criminalización en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos o en contra de las personas que trabajan con la CICIG, cuyo aporte ha sido fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Por todo ello, exigimos al Gobierno guatemalteco:
La revocación de esta decisión y la restitución de la CICIG y de su labor fundamental contra la impunidad, por la justicia y la democracia en Guatemala.
Asegurar que tanto la CICIG como las personas que trabajan en ella tengan garantías para su integridad, seguridad y permanencia en el país, así como condiciones que aseguren la posibilidad de continuar desarrollando su vital labor.
Garantizar la seguridad, integridad y los derechos de las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos que han acompañado los procesos de justicia y fortalecimiento del estado de derecho, así como de los y las guatemaltecas que ejercen su legítimo derecho a la protesta.
1 CIDH expresa su preocupación ante la decisión de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): https://mailchi.mp/dist/cidh-expresa-preocupacin-ante-la-decisin-de-guatemala-de-no-renovar-el-mandato-de-la-comisin-internacional-contra-la-impunidad-en-guatemala-cicig?e=f5f4b25700
2 Guatemala: Condenamos decisión de Morales de no renovar mandato de la CICIG: https://www.cejil.org/es/guatemala-condenamos-decision-morales-no-renovar-mandato-cicig