Mesoamérica, 18 de septiembre de 2018 - Desde la IM-Defensoras vemos con preocupación cómo desde el decreto de revocación del mandato de la CICIG, realizado por el Gobierno el pasado 31 de agosto, se ha producido un incremento de la represión y coacción del derecho a la protesta pacífica de la población a través de un importante despliegue militar y policial por todo el país.

La militarización en las calles no sólo implica un incumplimiento total de los Acuerdos de Paz, sino que supone una amenaza muy presente para las mujeres guatemaltecas quienes todavía tienen grabados en sus cuerpos y en su memoria colectiva el uso sistemático de la violencia y la tortura sexual por parte del ejército en el marco del conflicto armado interno.

También nos preocupa la violencia institucional ejercida a través de medidas administrativas que pretende callar la voz de centros educativos, desde donde padres y madres y población estudiantil ejercen su legítimo derecho a la protesta; así como la violencia ejercida en los desfiles en el marco de la celebración de la Independencia, en donde se vulneró los derechos de las niñas, niños y población en general, que fue objeto de vigilancia y registros.

Por todo ello, exigimos al Estado guatemalteco que cumpla con lo establecido en la Constitución Política de la República, la leyes, todos los acuerdos y compromisos adquiridos, tanto a nivel nacional como internacional, y en específico cumpla con los Acuerdos de Paz y saque al ejército de las calles, garantizando el legítimo derecho de la población guatemalteca al ejercicio de la protesta pacífica sin coacciones ni actos represivos de ningún tipo.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga al pendiente de la situación en Guatemala, donde la democracia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el trabajo e integridad de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos se encuentran en grave riesgo.