Luz Eveling Urbina, Ivon del Carmen Miranda, Olga Blandón y otros trabajadores de la empresa Sae Technotex S.A.
Actividad
Derechos laborales
Agresión sufrida
Criminalización
HECHOS - El 27 de junio de 2016 la Policia Nacional reprimió con violencia y detuvo a un grupo de trabajadores y trabajadoras de la empresa Technotex S.A que demandaban el reintegro de dos dirigentes sindicales y mejores condiciones laborales; tales como suministro de agua purificada, en vista de que consumen agua de pozo contaminada, y cumplimiento del Convenio Colectivo. A partir de entonces el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra” inició el acompañamiento del caso.
El 29 de junio, pese a que las abogadas del “María Elena Cuadra” lograron que la empresa retirase los cargos contra los y las trabajadoras, la Policía Nacional pasó a los y las detenidas a la orden del Juez, iniciando con ello su proceso de judicialización por varios delitos, entre ellos, el de Daño agravado contra la empresa Sae Technotex, con base a lo cual la Jueza decretó prisión preventiva. Dos días después se logró que la Jueza cambiara las medidas cautelares por: presentación todos los viernes ante el Juzgado, no salir del Municipio o la prohibición de concurrir a determinados lugares o reuniones.
El 16 de diciembre 2016, se dio lectura a la sentencia oficial que condenó a 10 de las personas procesadas a un año de cárcel y estableció medidas cautelares por el delito de obstrucción de Funciones, ante lo cual se interpuso un Recurso de Apelación que fue denegado el pasado 29 de junio de 2017 por el Tribunal de Apelaciones, confirmando en todas y cada una de sus partes la sentencia condenatoria.
Desde la IM-Defensoras denunciamos que este es un claro caso de criminalización de la protesta laboral ejercida arbitariamente por el Estado nicaragüense, el cual, pese al desistimiento de la Empresa denunciante, prosiguió con el proceso y judicializó y condenó a los y las trabajadoras. Exigimos que se revise el caso y se absuelva a los y las trabajadoras, pues defender derechos no es un delito, es un derecho que el Estado debe garantizar en vez de reprimir.
También hacemos un llamado a organizaciones e instancias internacionales para que estén al pendientes de la situación y se solidaricen con los y las trabajadoras criminalizadas.
