Desde  la IM-Defensoras llamamos al Gobierno de Ecuador a garantizar la seguridad e integridad de las defensoras y defensores de DDHH que se oponen al megaproyecto minero Pananza-San Carlos; a cesar toda forma de hostigamiento, criminalización y militarización en la zona que se encuentra desde el 14 de diciembre bajo estado de excepción; y a respetar el derecho a defender derechos de Acción Ecologica de Ecuador y del resto de organizaciones de la sociedad civil organizada.