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Instamos a que esta sentencia siente jurisprudencia para otros casos de criminalización a defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica.

Mesoamérica, 29 de agosto de 2016 – Las 750 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integramos la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) expresamos nuestra satisfacción ante la reciente sentencia que absuelve a la defensora salvadoreña Sonia Sánchez de los cargos de DIFAMACIÓN y CALUMNIA presentados contra ella por INVERSIONES ROBLE S.A. de C.V con el objetivo de criminalizar y restringir su labor en defensa del medio ambiente.

Sonia Jeannete Sánchez Pérez, reconocida defensora de Derechos Humanos en el municipio de Santo Tomás, es una de las principales defensoras y protectoras de los bienes naturales del cantón El Porvenir, zona boscosa e identificada como de recarga hídrica donde desde marzo de 2015 se ha venido librando una lucha constante por la defensa del territorio y los recursos ambientales amenazados por el desarrollo del proyecto urbanístico “Brisas de Santo Tomás”, ejecutado por parte de la empresa Inversiones Roble.

En el marco de esta lucha, el 29 de septiembre de 2015, la empresa Inversiones Roble interpuso una denuncia contra ella por los delitos de DIFAMACIÓN y CALUMNIA, por haber brindado declaraciones ante 3 medios televisivos (Canal de 33, canal 10 y TVX) y ante la Radio Nacional, respecto del daño ocasionado en el medio ambiente por la acción de dicha empresa, así como haber manifestado que el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el que inició la construcción del proyecto urbanístico “Brisas de Santo Tomás” estaba vencido al haber sido extendido en marzo de 2009 y tener la vigencia de un año. Además, Sonia Sánchez denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de los miembros de la seguridad privada de la Residencial Brisas de Santo Tomas.

El Tribunal Primero de Sentencia por medio de la señora jueza, Anne Magareth Castro, de oficio decide no admitir la acusación privada por no cumplir los requisitos de procesabilidad por ausencia del Derecho de petición previo a la acusación privada de DIFAMACIÓN Y CALUMNIA. En diciembre del 2015, la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador resuelve anular la resolución de la jueza mencionada, devolviendo el expediente al mismo Tribunal Primero de Sentencia para que siguiera su curso legal. Meses después, ante la inasistencia de los acusadores que representaban los intereses legales de la empresa INVERSIONES ROBLE S.A. de C.V. a la Audiencia de Conciliación, la Jueza resolvió dar por abandonada la acusación privada y decretó el sobreseimiento definitivo a favor de Sonia Jeanette Sánchez Pérez. Los abogados representantes de la empresa apelaron ante la Cámara de lo Penal y ésta resolvió revocar la resolución de sobreseimiento y devolvió otra vez el expediente para que siguiera su curso legal el proceso.

Finalmente, el pasado viernes 19 de agosto se llevó a cabo la audiciencia de sentencia no ante la Jueza Anne Margareth Castro, titular del Tribunal, sino ante un Juez Suplente, quien después de casi 12 horas de trabajo determinó emitir el fallo a la sentencia hasta el día martes 23 de agosto. Posteriormente, llegado el día martes 23 de agosto, el Juez dictó sentencia absolutoria en favor de Sonia Sánchez al no quedar probado que la defensora tuviera la intención de dañar el honor e intimidad de la empresa y del representante legal de la misma, por lo que la conducta de Sonia Sánchez no supera el juicio de tipicidad en las conductas que le acusan y, en tal sentido, no existe el elemento del tipo penal subjetivo.

Desde la IM-Defensoras consideramos que esta sentencia absolutoria puede calificarse como un caso paradigmático sobre la situación de criminalización de la defensa de los Derechos Humanos en la región, sentando un precedente jurídico muy relevante para toda la región, por lo que creemos oportuno darle la máxima difusión posible e instar a que sea retomada como jurisprudencia por parte de los funcionarios de los sistemas legales de nuestros países así como por organizaciones e instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Sobre todo, en un contexto regional en el que la criminalización y judicialización a las defensoras de Derechos Humanos está siendo una estrategia recurrente de los gobiernos y las empresas para restringir e inhibir su labor, conscientes de las profundas afectaciones que dichos procesos representan tanto para el ejercicio del derecho a defender a derechos como para la integridad de las personas defensoras de Derechos Humanos, especialmente para las mujeres, así como del efecto desmovilizador que ejercen sobre el resto de la sociedad.

Por todo ello, desde la IM-Defensoras:

• Celebramos la sentencia absolutoria en favor de la defensora Sonia Sánchez, a quien agradecemos su valentía y reiteramos nuestro apoyo y admiración por su trabajo en defensa de los bienes naturales.
• Instamos a que dicha sentencia sea ampliamente difundida y siente jurisprudencia en toda la región en el caso de otras defensoras que enfrentan condiciones similares de criminalización por su trabajo.
• Informamos a la empresa INVERSIONES ROBLE S.A. de C.V que seguiremos pendientes de su proceder y en apoyo a la agenda de Sonia y las organizaciones comunitarias ahí donde procedan dolosamente en la criminalización de las defensoras para restringir su labor.
• Hacemos un llamado a los gobiernos y empresas de la región mesoamericana para que dejen de utilizar la criminalización como un instrumento para sancionar e inhibir la labor de las defensoras de Derechos Humanos con el objetivo de imponer a la población sus intereses particulares.