DESCARGAR CARTA PÚBLICA Relator Sr. Michel Forst (26082016)
Sr. Michel Forst
Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos
PRESENTE
Mesoamérica, 26 de agosto de 2016 – Las 750 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integramos la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación ante el contexto de agresiones e impunidad que estamos enfrentando en Mesoamérica.
Según datos de nuestro Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos1, entre enero del 2012 y diciembre del 2014 se identificaron un total de 1,688 agresiones a mujeres defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras y México: 414 en el año 2012, 512 en 2013 y 762 en 2014; lo que significa un incremento de casi el doble en el número de agresiones registradas durante cada año. De estas agresiones, 122 ocurrieron en El Salvador; 633 en Guatemala; 318 en Honduras; y 6152 en México.
Los seis principales tipos de agresión son Intimidación y hostigamiento psicológico (21%); Amenazas, advertencias y ultimátum (16%); Calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio (9%); Uso excesivo de la fuerza (6%); Detención ilegal y arresto arbitrario (4%); y Criminalización y judicialización, (4%). Asimismo, durante el periodo registramos 32 asesinatos de defensoras de derechos humanos y 39 intentos de asesinato.
Las defensoras que enfrentan más agresiones son las defensoras de la tierra y el territorio (38%), seguidas de las que trabajan por una vida libre de violencia contra las mujeres. Las defensoras que están en mayor riesgo son aquellas que ejercen su labor en áreas locales3 y rurales (53.91% y 46.03% respectivamente). Los actores estatales representan el principal agente responsable de las agresiones (66%), les siguen las empresas/negocios (22%) y, además, cabe destacar que en 5% de los casos las defensoras reciben agresiones de su entorno cercano, tales como familiares e integrantes de su propia organización.
Por su parte, la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, que ha realizado investigaciones sobre agresiones a defensoras y activistas en Nicaragua, reporta que en 2013 de 108 defensoras encuestadas y 113 defensoras comunitarias que participaron en grupos focales, se encontró que la principal forma de agresión a defensoras, fue el desprestigio, las amenazas verbales y/o mediante mensajes telefónicos. En 18% de los casos las amenazas y lesiones incluían a sus familias y en 21% incluyeron daños a sus bienes personales u organizaciones. En el documento que la Iniciativa Nicaragüense presentó en la 157 Sesión a la CIDH4 se ilustran situaciones de riesgo y los retos que enfrentaron las defensoras comunitarias durante el período 2015–2016 tales como: obstáculos para defender derechos y la operación de estructuras del partido en el poder en alcaldías para amedrentarlas ante sus luchas de resistencia ante empresas extractivas.
En este documento, cuyos datos son recogidos en la publicación del Informe de la IM-Defensoras, se señala al gobierno en turno como responsable del cierre de espacios de difusión, acciones de desprestigio, agresiones y amenazas, dirigidas a impedir la libre expresión y su movilización y, en su conjunto, a inhibir su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres; además de continuos bloqueos de marchas pacíficas y contramarchas a través de brigadas antimotines, entre otras.
Así, de 2015 hasta la fecha, lejos de remitir parece que el contexto de riesgo que enfrentamos las defensoras en la región se agrava: los asesinatos de Berta Cáceres y Lesbia Janeth Urquía en Honduras, el de Nadia Vera en México, los de Marleni Estrada y Rosalinda Pérez en Guatemala, los crímenes de odio contra defensoras de los derechos LGBTTI, especialmente en El Salvador y Honduras, los reiterados casos de allanamiento de oficinas y sustracción de información en Nicaragua, o el uso sistemático de la criminalización como un instrumento para sancionar e inhibir la labor de las defensoras, dan fe de ello.
Un dato de especial preocupación es el nivel de impunidad en que la gran mayoría de estas agresiones permanece. En este sentido, el asesinato de Berta Cáceres es un caso paradigmático ante el cual el Estado Hondureño ha desoído las exigencias y recomendaciones tanto de familiares como de organizaciones e instancias internacionales, quienes reiteradamente han exigido establecer un mecanismo de investigación independiente para garantizar que se deslinden todas las responsabilidades materiales e intelectuales del crimen, así como a responder a las demandas de justicia que tanto Berta Cacéceres como Janeth Urquía sostuvieron en su momento contra una empresa que no implementó procesos de consulta para avanzar en un proyecto con patentes implicaciones negativas para la vida de las comunidades en pie de resistencia.
La impunidad no solo implica dejar de sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos. La omisión de impartir debida justicia en cada caso concreto expone a todo el colectivo de defensoras a un mayor riesgo, mina la confianza de las defensoras y sus organizaciones en los sistemas de justicia y perjudica con ello a la sociedad en su conjunto, pues contribuye a la desligitimación de los canales institucionales para la resolución de los conflictos sociales.
Ello pese a que, como reflejan los datos de nuestro registro, la tendencia dominante (52%) entre las defensoras agredidas, es la de interponer denuncia ante las autoridades competentes, lo que denota el alto grado de omisión por parte de los Estados en su deber de investigar debidamente los casos.
Otro hecho preocupante y que contribuye a la impunidad en las agresiones contra mujeres defensoras es que los Estados siguen reticentes a implementar de manera efectiva las recomendaciones de mecanismos como la CEDAW o la más reciente Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer (2013), que establecen de manera explícita la obligación de incorporar la perspectiva de género tanto en los procedimientos de investigación como a los mecanismos de protección. Como es de su conocimiento, estos instrumentos internacionales fueron emitidos como medida para visibilizar la brecha de desigualdad que enfrentan las defensoras de derechos humanos, quienes a los riesgos de su trabajo suman los propios de la violencia de género, tan generalizada en nuestra región.
Finalmente, desde la IM-Defensoras agradecemos al Sr. Michel Forst su reiterado compromiso e interés por la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, y le instamos a que tenga en cuenta estos datos, así como los diversos esfuerzos que desde las mismas defensoras, como desde nuestras redes y organizaciones, llevamos a cabo con el objeto de generar y fortalecer estrategias de protección integral con perspectiva de género que sirvan para garantizar nuestra seguridad y nuestro derecho a defender derechos.
Atentamente
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
1 Disponible en: http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2016/04/286224690-Violence-Against-WHRDs-in-Mesoamerica-2012-2014-Report.pdf
2 En el informe por un error tipográfico se reportan 616 agresiones, pero el número correcto son 615.
3 Por local nos referimos al área inmediata donde reside la defensora, ya sea local rural o local urbana.
4 Informe de agresiones contra defensoras de derechos humanos de las mujeres en Nicaragua. Datos de la Iniciativa de Defensoras Nicaragüenses. Período 2015 – 2016. Presentado el 7 de abril del 2016 en la Audiencia: Situación General de los Derechos Humanos en Nicaragua, en el marco de la Sesión 157 Sesión de la CIDH. Ver: http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-157-audiencias-es.pdf.