La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) expresamos nuestra preocupación ante la situación de violencia en el Estado de Sinaloa y llamamos a las autoridades a priorizar y garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y la población.
Observamos con profunda preocupación los hechos de violencia registrados en los últimos días en distintos territorios de Sinaloa, así como los reportes de bloqueos carreteros y otras afectaciones a la movilidad que comienzan a presentarse en diferentes Estados del país.
La información pública disponible da cuenta de enfrentamientos armados, operativos de fuerzas de seguridad, bloqueos en vías de comunicación, quema de vehículos, colocación de artefactos ponchallantas y otros hechos que están generando un entorno de riesgo para la población. Esta situación ha provocado afectaciones a la movilidad, suspensión de actividades y restricciones para el desarrollo de la vida cotidiana en diversas comunidades.
Nos preocupa especialmente el impacto que este contexto puede tener en las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunidades que realizan trabajo de base en las zonas afectadas. Las restricciones a la movilidad y las condiciones de riesgo derivadas de estos hechos pueden obstaculizar las labores de documentación, acompañamiento a víctimas, búsqueda de personas desaparecidas, defensa de derechos humanos, organización comunitaria, monitoreo de violaciones a derechos humanos y cobertura periodística, así como afectar el ejercicio de derechos fundamentales de las comunidades.
Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por las posibles afectaciones diferenciadas que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, incluso las familias buscadoras que desarrollan labores permanentes de acompañamiento, incidencia y búsqueda en contextos ya marcados por altos niveles de violencia e impunidad. La continuidad de estos hechos puede incrementar los riesgos que enfrentan en el ejercicio de su labor y dificultar el acceso a mecanismos de protección y acompañamiento.
Si bien los hechos se concentran actualmente en Sinaloa, los reportes de incidentes y bloqueos en otras entidades obligan a mantener la atención sobre una posible ampliación de los riesgos para la población y para quienes realizan labores de defensa de derechos humanos y periodismo en diferentes territorios del país.
Ante esta situación, hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales para que adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la población civil y asegurar condiciones de seguridad para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y el periodismo. Estas acciones deben priorizar la protección de la vida, la integridad y la seguridad de las personas, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos durante el desarrollo de los operativos y acciones de seguridad.
Expresamos nuestra solidaridad con las defensoras y periodistas que están viviendo los efectos de esta situación, particularmente con nuestras compañeras en Sinaloa y en aquellos estados donde comienzan a registrarse afectaciones relacionadas con estos hechos. Reconocemos la importancia de fortalecer las redes de cuidado, acompañamiento y solidaridad para hacer frente a contextos de riesgo y violencia.
Frente a estos acontecimientos, reiteramos que la seguridad de la población, de las personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen el periodismo debe ser una prioridad. Ninguna acción de seguridad debe traducirse en mayores riesgos para la población civil ni en obstáculos para el ejercicio de derechos fundamentales.
Exigimos a las autoridades actuar con la máxima diligencia para prevenir afectaciones, garantizar la protección de las personas en riesgo y asegurar condiciones para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la labor periodística y la búsqueda de personas desaparecidas.
La protección de la población debe ser el eje prioritario de toda respuesta institucional frente a la violencia que actualmente afecta a Sinaloa y cuyos impactos comienzan a extenderse a otras entidades del país.