• Estamos aquí más de 30 organizaciones y medios de comunicación de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos e internacionales que viajamos a Honduras para participar en la Delegación Internacional de solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, además de otras 13 organizaciones internacionales más que han venido acompañando y respaldando esta acción de solidaridad a la distancia.

• Llegamos el 17 de septiembre para expresar nuestra solidaridad y admiración por el Pueblo Garífuna organizado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), observar y denunciar las graves violaciones a derechos humanos de las que son objeto y demandar al Estado de Honduras que cumpla con sus obligaciones, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos.

• Hemos constatado que el Campamento no solo es una expresión legítima del derecho a la protesta pacífica sino también un ejemplo de vida en comunidad y un espacio de encuentro y diálogo entre diferentes movimientos sociales, de arte y cuidado de la vida.

• En estos días llevamos nuestras exigencias y preocupaciones por la situación del Pueblo Garífuna a la Delegación de la Unión Europea en Honduras, las embajadas de Francia, Alemania, España y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras. De su parte encontramos interés y conciencia de las violaciones a derechos humanos cometidas contra el Pueblo Garífuna.

• Lamentamos que, prácticamente, ninguna institución del Estado hondureño recibió a la Delegación a pesar de haber hecho la solicitud en tiempo y forma. La única excepción fue la reunión sostenida con dos magistradas y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, institución que en el último momento y después de la presión ejercida por la Delegación nos concedió una audiencia.

• Tras décadas de reclamar al Estado hondureño el derecho legítimo del Pueblo Garífuna a su territorio y sin haber obtenido ninguna respuesta, la OFRANEH acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2015 el indicado tribunal ha reconocido en cuatro sentencias (Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos) que el Estado hondureño viola el derecho del Pueblo Garífuna a su territorio, así como los derechos a la vida, la seguridad y la justicia de sus comunidades, líderes y lideresas. Sin embargo el Estado hondureño no ha dado cumplimiento a ninguna de estas cuatro sentencias.

• La Corte también ha prestado especial atención a la grave violencia cometida contra líderes  y lideresas de la OFRANEH por defender su territorio y cuidar los bienes comunes de la naturaleza. Sin embargo en estos años no solo no se han investigado los hechos ocurridos antes de las sentencias sino que se han acumulado nuevas violaciones de derechos humanos contra personas defensoras que han sido objeto de amenazas, criminalización y desaparición forzada, entre otros.

• Las autoridades nacionales, amparando intereses empresariales nacionales y trasnacionales han promovido un contexto social, político y jurídico en el que los pueblos se encuentran desprotegidos y la defensa de sus derechos es una actividad de riesgo, de tal magnitud, que Honduras es catalogado como  uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos.

• La ley del fortalecimiento del sector agroindustrial, supone un riesgo para las comunidades garífunas, indígenas y campesinas riesgo que se ha visto  agravado además por las campañas de odio y estigmatización difundidas en medios de comunicación.

• Nos preocupa también que empresas extranjeras sigan operando en las comunidades garífunas amparadas en las Sentencias de la Corte, afectando seriamente los derechos de las comunidades y contraviniendo las disposiciones de dichas sentencias, incluido el derecho a la Consulta previa, libre e informada

Ante esta situación las y los integrantes de la Delegación Internacional:

- Requerimos al estado hondureño, el efectivo cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuatro sentencias que este Tribunal ha emitido en favor del Pueblo Garífuna.

- Resulta esencial que deje de favorecer intereses privados y de pasos contundentes para el proceso de saneamiento del registro y titulación de las tierras ancestrales garífunas, de manera que se garantice su pleno uso.

- La aprobación de la conocida como “Ley de Fortalecimiento del sector Agroindustrial” y los desalojos que se han realizado amparados en ella contraviene los tratados suscritos por el Estado de Honduras y son violatorios de las Sentencias de la Corte.

- Exigimos también que se cumpla con lo requerido por la Corte Interamericana en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de los graves hechos de violencia que se han desarrollado en contra de líderes y lideresas de las comunidades garífunas y, de manera coherente con ello, exigimos el cese de la represión, criminalización y estigmatización en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos de la OFRANEH.

- Respaldamos la demanda de la OFRANEH de que cualquier llamado al diálogo por parte del Estado de Honduras se haga una vez se hayan cancelado las acciones judiciales en contra de las y los compañeros de San Juan recientemente criminalizados y se cuente con una ruta clara para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. De lo contrario se tratará solo de una simulación que no resolverá la situación y agravará la violencia y despojo en contra del Pueblo Garífuna.