Durante la noche del 16 de agosto, ante la llegada de más personas provenientes de otras comunidades y movimientos, así como el cierre momentáneo de un pequeño tramo de la calle como medida de seguridad para el campamento, las autoridades hondureñas desplegaron un amplio contingente de policías. De acuerdo con información compartida desde el campamento, alrededor de 60 elementos de la policía y antimotines llegaron al lugar, acompañados de tanquetas, con la intención de desalojar el campamento.
La presencia policial continúa este 17 de agosto. Durante la mañana, un representante de la Policía Nacional solicitó nuevamente el desalojo del campamento. Hasta este momento, agentes de la Policía Nacional permanecen en los alrededores, generando un escenario de fuerte vigilancia, intimidación y riesgo para las personas que participan en esta acción pacífica.
OFRANEH ha señalado que desconoce quién ordenó la movilización de la fuerza policial y ha denunciado la presencia policial. El Campamento por la vida del Pueblo Garífuna instalado en el Campamento Feminista Viva Berta fue establecido por la organización en alianza con diversos movimientos sociales del país, como una acción de protesta pacífica para exigir al Estado hondureño el respeto de los derechos del pueblo Garífuna, en particular el cese de la criminalización de cinco personas defensoras de la comunidad de San Juan, Tela.
Desde IM-Defensoras condenamos el asedio, la hostilidad y el despliegue desproporcionado de fuerzas policiales contra el Campamento Feminista Viva Berta. Recordamos al Estado hondureño que la protesta social pacífica constituye un derecho y que las personas defensoras y comunidades que ejercen este derecho deben poder hacerlo sin amenazas, intimidaciones ni acciones destinadas a criminalizar o desmovilizar sus demandas.
Demandamos al Estado de Honduras respetar y garantizar el derecho legítimo a la protesta de la comunidad Garífuna, de las organizaciones y de los movimientos sociales que acuerpan el campamento, así como abstenerse de cualquier acción de hostigamiento, intimidación o represión contra quienes participan en esta movilización.
Asimismo, instamos a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público a cerrar el proceso de criminalización contra las cinco personas defensoras de la comunidad Garífuna de San Juan, y a garantizar el respeto de los derechos colectivos del pueblo Garífuna y de quienes defienden su territorio.
Desde IM-Defensoras nos mantenemos vigilantes ante la situación del campamento y hacemos un llamado a las organizaciones sociales, feministas, de derechos humanos y a la comunidad internacional a mantenerse atentas ante cualquier nuevo intento de desalojo o escalamiento de la situación.