Según estimaciones procedentes de fuentes fiables, cerca de dos mil personas que ejercen la abogacía en Nicaragua habrían sido excluidas de manera arbitraria del registro de la Corte Suprema de Justicia, lo que supone “su muerte profesional” e inhabilitación absoluta de facto, ya que ello les imposibilita litigar, representar a sus clientes o incluso presentar escritos ante los tribunales, entre otras acciones propias de su profesión. Esta medida, que afecta mayoritariamente a profesionales que se encuentran en el país, pero también a quienes se encuentran en el exilio, respondería a la estrategia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para seguir profundizando su deriva totalitaria y purgar el gremio de la abogacía de personas a quienes considera opositoras o no alineadas con el régimen.
Más allá de la arbitrariedad y los graves impactos sobre el trabajo y las vidas de estas personas, la medida también supone dejar en la indefensión a sectores amplios de la población. En el caso específico de las mujeres abogadas que han sido excluidas del registro, por ejemplo, puede suponer dejar en la indefensión a mujeres que buscan llevar ante la justicia casos de violencia de género, o que precisan de representación y/o acompañamiento jurídico para hacer valer sus derechos.
Muchas de estas abogadas y abogados también se encargaban de acompañar casos de personas que viven persecución política, tanto en el país como en el exilio, ofreciendo asesoría legal, litigando o realizando trámites jurídicos y administrativos en representación de sus clientes. La medida también afecta a comunidades que están defendiendo derechos colectivos, como la defensa del territorio, y que de esta forma pueden perder a sus representantes legales. Asimismo, en el marco del régimen de terror que se está imponiendo en el país desde abril de 2018, esta medida también supone una advertencia para todo el gremio de la abogacía, en el sentido de lo qué puede pasarle a cualquier profesional del gremio que asesore, acompañe o defienda a una persona o una causa no afín a los intereses del régimen.
Desde la IM-Defensoras condenamos esta medida absolutamente arbitraria, que no tiene otro objetivo que seguir consolidando el gobierno totalitario, corrupto, neoliberal y misógino de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y hacemos un llamado a la comunidad internacional a manifestar su repulsa, solidarizarse con las personas afectadas y continuar acuerpando a todas las personas defensoras de derechos humanos que tanto desde dentro como fuera del país siguen trabajando por una Nicaragua más justa, libre e igualitaria.