El pasado 16 de junio, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, negras, feministas, estudiantiles, obreras, disidencias y diversas expresiones organizativas del país interpusieron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una Acción Constitucional de Habeas Corpus Preventivo en favor de integrantes de al menos 217 territorios, comunidades indígenas, campesinas, defensoras y defensores de derechos humanos frente a las graves amenazas que representa la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras.

La acción de Hábeas Corpus Preventivo se dirige contra autoridades de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público, incluyendo al Presidente de la República, la Policía Nacional, las  Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad directa e indirecta en la implementación de esta nefasta ley que podría derivar en detenciones arbitrarias, desalojos y violaciones a nuestros derechos fundamentales. 

Con esta acción se solicitó la intervención de la Sala de lo Constitucional para que, como medida de protección preventiva, declare la inaplicabilidad de la Ley de Agroindustriales contra las personas y comunidades amparadas en el Habeas Corpus, garantizado la protección de la libertad individual y evitando las violaciones de derechos humanos. 

La Sala de lo Constitucional debe dar pronta respuesta y nombrar jueces ejecutores para investigar y prevenir las violaciones a la libertad individual de miles de personas hondureñas. 

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras continuamos en alerta máxima ante las amenazas que esta ley implica para quienes defendemos los territorios y la vida. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia priorizar y dar respuesta inmediata a esta acción constitucional. 

Hacemos un llamado a acuerparnos y sumarnos a las acciones de protesta, interposiciones de recursos y otras acciones en rechazo a esta ley que nos afecta a todas y todos.