El movimiento social y las organizaciones sociales de Honduras expresamos nuestro más firme rechazo a la denominada “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”, por constituir una amenaza directa contra la soberanía alimentaria, los derechos humanos, los bienes comunes y la vida misma de nuestras comunidades.
Esta iniciativa legislativa, a todas luces, inconstitucional y discriminatoria, presentada apenas cuatro días después de la masacre de veinte campesinos y campesinas en la finca Paso Aguán, comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, profundiza las condiciones que históricamente han favorecido el despojo, la persecución y el asesinato de personas defensoras de la tierra y el territorio.
Denunciamos y rechazamos esta Ley, principalmente, porque legaliza e instituye un régimen de privilegios para los grandes agroindustriales; desconoce y anula derechos históricos sobre la tierra y el territorio; debilita los controles ambientales y facilita la destrucción de los territorios; viola el derecho a la consulta previa, libre e informada; criminaliza la protesta social y convierte a las personas defensoras en enemigos del Estado; representa una continuidad y expansión del modelo impuesto por las ZEDES; y crea un régimen de excepción permanente para la represión, la violencia y los asesinatos.
Exigimos el retiro inmediato de esta nefasta iniciativa de ley del Congreso Nacional y rechazamos cualquier intento de aprobarla; demandamos el respeto y cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en materia de consulta previa, libre e informada y derechos humanos, así como el cese inmediato de la criminalización, persecución, violencia, asesinatos y represión contra las personas y comunidades que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes.
Advertimos al Congreso Nacional que la aprobación de esta ley constituirá un acto de traición a la patria y a los intereses del pueblo hondureño. Los diputados y diputadas que la promuevan o voten a favor asumirán la responsabilidad histórica por las consecuencias de su implementación, incluyendo represión, violencia y muerte de personas que defiende un derecho fundamental.
Desconocemos a cualquier organización, representación o estructura que pretenda hablar en nombre de nuestras organizaciones territoriales, comunidades y movimientos sociales sin nuestro mandato expreso, especialmente a aquellas que, haciéndose llamar representantes de la sociedad civil, bajo el discurso de “independientes, buscan desmovilizar nuestras luchas, legitimar y avalar estas graves violaciones a los derechos humanos.
Hacemos un llamamiento de urgencia y de alerta máxima al pueblo hondureño, a las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, negras, feministas, estudiantiles, obreras y toda expresión organizativa; así como a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y organizaciones solidarias, a sumarse al rechazo de esta ley y a todas las acciones de protesta que estaremos anunciando y ejecutando en las próximas horas.
Honduras, 1 de junio de 2026