Ciudad de México, 3 de marzo del 2026.- En el marco de las próximas movilizaciones con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México hace un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para que garanticen plenamente el ejercicio de los derechos a la libre expresión, la libre reunión y la protesta pacífica de todas las mujeres que participarán en estas jornadas.

Las movilizaciones y protestas feministas son una expresión legítima y necesaria de participación social, a través de la cual mujeres y colectivas han logrado visibilizar violencias históricamente normalizadas, exigir justicia para las víctimas y empujar transformaciones legales, institucionales y culturales. Reconocer su importancia implica validar el derecho a la protesta y asumir que sin la fuerza organizada de las mujeres en las calles, muchas de las conquistas en materia de derechos, igualdad y vida libre de violencias no habrían sido posibles.

Estos derechos se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1º, 6º y 9º, así como por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los mismos.

La Red Nacional de Defensoras subraya que las autoridades están obligadas a garantizar la seguridad, integridad y protección de las mujeres manifestantes, y que su actuación debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Asimismo, se recuerda que las autoridades no pueden:

• Realizar detenciones arbitrarias sin fundamento legal.

• Hacer uso excesivo o indebido de la fuerza pública.

• Agredir física, psicológica o sexualmente a las manifestantes.

• Intimidar, amenazar o criminalizar la protesta social.

• Implementar medidas destinadas a inhibir la manifestación pacífica.

Cualquier violación a los derechos humanos cometida por personas servidoras públicas constituye una falta grave que puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Garantizar el derecho a la protesta no solo protege a las mujeres que se manifiestan, sino que fortalece el Estado de derecho y contribuye a la construcción de una sociedad más justa, democrática y respetuosa de la dignidad humana.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México confía en que las autoridades actuarán con responsabilidad institucional, perspectiva de género y pleno apego al marco legal vigente, priorizando en todo momento la protección de las personas.