El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) fue formado en el 2005 para fortalecer la investigación sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Su creación fue resultado del acuerdo del Estado de Honduras, la CIDH y la representación de la Medida Cautelar 112/16 a inicios de 2025. A través de un análisis riguroso fundamentado en pruebas, el trabajo del GIEI logró demostrar la estructura criminal que perpetró el asesinato de la defensora y otros graves ataques contra integrantes del COPINH y elaborar recomendaciones precisas para lograr la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición.
Durante la audiencia pública celebrada el 11 de marzo de 2026 en el marco del 195° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se presentó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de Berta Cáceres.
Lejos de atender las recomendaciones sólidamente fundamentadas del grupo de expertos y expertas y de cumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, la representación del Estado de Honduras cuestionó legitimidad y legalidad del GIEI, negó la independencia y profesionalidad de sus integrantes y mostró una postura de obstaculización a cualquier avance en la implementación de los resultados de la investigación.
Los planteamientos del gobierno hondureño fueron duramente rebatidos por las y los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes defendieron tanto el convenio como el trabajo del GIEI y señalaron la gravedad de que el Estado utilice los argumentos de uno de los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres, Daniel Atala, para desacreditar la investigación
Durante la audiencia, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señaló la falta de garantías para la protección de las personas defensoras que integran el COPINH y el alto riesgo que enfrentan.
Con base en el Registro de Agresiones de la IM-Defensoras, entre 2020 y diciembre 2025 han sido documentadas 659 agresiones contra el COPINH y defensoras que lo integran; la mayoría fueron agresiones perpetradas de forma colectiva (67%). El Estado se coloca como el principal perpetrador (31%) de estas agresiones; en la mayor parte de los casos se identifica que estos actores estatales están protegiendo los intereses económicos de terratenientes y empresas extractivistas.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras exigimos al Estado de Honduras que atienda e implemente a la brevedad las recomendaciones del GIEI pues de lo contrario estaría retrasando el acceso a la justicia de las víctimas de este grave asesinato. De igual manera le recordamos su obligación de proteger a las y los integrantes del COPINH y a la familia de la defensora Berta Cáceres quienes cuentan con medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social, feminista y de derechos humanos a mantenerse alertas de la situación de las y los compañeros del COPINH.