El domingo 8 de febrero, la abogada y defensora de derechos humanos Poulette Celene Hernández fue agredida físicamente y amenazada de muerte en su domicilio en Tonalá, estado de Chiapas. Un día antes, hombres armados la intimidaron, evidenciando un patrón de hostigamiento y riesgo para su vida e integridad. 

Poulette Celene Hernández es una abogada y defensora que acompaña procesos comunitarios de mujeres en la región Costa de Chiapas, promoviendo la formación en derechos humanos, salud comunitaria y agroecología. Su labor es un aporte fundamental para la construcción de sociedades más justas y solidarias. 

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras expresamos nuestra preocupación por las agresiones y amenazas sufridas por la defensora los días 7 y 8 de febrero de 2026. Estos hechos ponen de relieve la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad y protección para quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos. 

Por ello, instamos a las autoridades competentes a: 

• Brindar medidas de protección inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de Poulette Celene Hernández y de su familia. 

• Asegurar una investigación diligente y con perspectiva de género de los hechos denunciados en la carpeta de investigación 070-2026. 

• Reconocer públicamente su labor de defensa de los derechos humanos y promover un entorno libre de estigmatización y violencia en su contra. 

• Coordinar acciones con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, garantizando medidas sostenibles y adecuadas al contexto. 

• Fortalecer las condiciones de seguridad en la región Istmo-Costa, contribuyendo a un ambiente más seguro para todas las comunidades. 

La defensa de los derechos humanos es una labor legítima y necesaria para la construcción de una sociedad más justa y igualitaria. Expresamos nuestra solidaridad con Poulette Celene Hernández y su familia, y confiamos en que las instituciones actuarán con responsabilidad y compromiso para garantizar su seguridad y el respeto a su trabajo, en cumplimiento de la legislación nacional y de los estándares internacionales de derechos humanos.