El martes 7 de octubre, elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, intentaron desalojar y reprimieron con violencia a siete defensoras buscadoras integrantes de la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas que se encontraban llevando a cabo un en plantón pacífico frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Como consecuencia de estos hechos, una de las defensoras resultó herida. Pese al violento intento de desalojo, las madres buscadoras pudieron mantener el plantón gracias al apoyo de estudiantes de la normal rural Mactumatzá.
Estas siete compañeras llevaban dos días en plantón para exigir reunirse con el Fiscal General del Estado y denunciar la política de mentidas y simulación que éste lleva a cabo respecto a su obligación de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de asesinato, feminicidio y desaparición de sus seres queridos. Las defensoras también expresaron su rechazo a la instrumentalización política de su imagen y su dolor después de que la subdirectora de la Fiscalía filtrase una fotografía de una reunión reciente de este colectivo con el Fiscal. Esta misma funcionaria también filtró datos de la carpeta de investigación de un caso de feminicidio ocurrido el 14 de enero en las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas, como una manera de revictimizar y desacreditar a la víctima, cuya madre es una de las defensoras agredidas.
Cabe destacar que durante el primer día del plantón, el 6 de octubre, ya se había producido una agresión contra las defensoras cuando un funcionario de la Fiscalía “les aventó” el auto en el que se desplazaba y golpeó a una de las madres.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos el cese inmediato de las agresiones contra estas compañeras integrantes de la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas, así como que se les garantice, tanto a ellas como a las personas de la normal rural Mactumatzá que las apoyan, el ejercicio libre y seguro de la protesta y del derecho a defender derechos humanos.
También expresamos nuestro repudio ante la instrumentalización política de la imagen y el dolor de las madres buscadoras, e instamos al Fiscal General del Estado a que atienda de manera inmediata y efectiva sus demandas, empezando por depurar las responsabilidades en las que recae la subdirectora de la fiscalía tras haber filtrado información sensible con el objetivo de desacreditar una legítima exigencia de justicia, ello con el fin de garantizar que no se vuelvan a repetir hechos revictimizantes como éste.
Finalmente llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con las compañeras de la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas, a reconocer su trabajo en demanda de verdad, justicia y reparación y a unirse a sus dignas y legítimas demandas.