El martes 4 de junio, elementos de la Policía Estatal de Querétaro detuvieron de manera arbitraria a la defensora otomí Estela Hernández Jiménez, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, mientras documentaba la detención de cuatro integrantes de su comunidad. Tras ser liberada, horas después, gracias a la presión ejercida por organizaciones y otras personas defensoras de derechos humanos, Estela denunció haber sido víctima de agresiones físicas y sexuales por parte de los agentes, incluyendo golpes, jalones de cabello y patadas en diversas partes del cuerpo.
Estela Hernández es una reconocida defensora del territorio, el agua y la lengua y la cultura de los pueblos originarios de México, especialmente del pueblo Otomí. Al momento de su detención se encontraba en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Amealco, para documentar y exigir la liberación de cuatro defensores del agua de su comunidad, Santiago Mexquititlán, que habían sido detenidos. Estas detenciones se producen en el marco de la lucha de esta comunidad, que es parte de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), frente a la extracción ilegal de pozos por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en beneficio de intereses privados, lo cual genera escasez de agua entre la población.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras nos solidarizamos con la compañera Estela Hernández y condenamos su detención arbitraria y la violencia física y sexual ejercida en su contra. Ante ello, exigimos a las autoridades del Estado de Querétaro que depuren todas las responsabilidades involucradas en estos abusos policiales racistas y misóginos, tomando todas las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir.
Asimismo, demandamos garantías de seguridad y protección para Estela Hernández y el resto de integrantes de su comunidad, así como que se respete su derecho a la protesta y a la defensa del agua, un bien común que de ninguna manera puede ser despojado a las comunidades para beneficiar a intereses privados.