Desde la pasada semana, en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América miles de personas migrantes y nacionales de origen latinoamericano, junto a activistas y personas que luchan por los derechos de estas comunidades, han salido a las calles para protestar ante la intensificación de las redadas racistas y clasistas perpetradas por la policía siguiendo las directrices marcadas por el Gobierno Federal y las políticas fascistas de Donald Trump. A través de estas redadas la policía detiene de manera arbitraria e indiscriminada a personas migrantes pertenecientes a clases populares y trabajadoras, las interna ilegalmente en centros de detención y, en muchos casos, las deporta sin respetar el debido proceso y la propia legislación estadounidense, violando sus derechos y los estándares internacionales. 

Como respuesta, la policía de Los Ángeles ha declarado las protestas como “reunión ilegal”, lo cual significa un estado de excepción de facto en el centro de la ciudad, que ha provocado la represión con lujo de violencia y la detención de decenas de manifestantes. Si esta situación ya era preocupante la violencia ha escalado a causa de la militarización de la zona de protestas por parte del gobierno Federal quien envió a cerca de 5 mil efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, hecho insólito desde los años 60 del siglo pasado, en la época de las multitudinarias movilizaciones por los derechos civiles y contra la guerra imperialista en Vietnam. 

Sabemos que la violencia de las políticas migratorias y la represión de la protesta social no es nueva en el país norteamericano, sin embargo, la actual administración, lejos de tratar de poner un freno a la escalada de violencia y terrorismo de Estado, alientan la violencia, avivan los discursos de odio y la difusión de noticias falsas para estigmatizar, criminalizar y poner en el punto de mira a migrantes y personas con nacionalidad estadounidense racializadas, especialmente las de origen mesoamericano, de México y Centroamérica. Ahora mismo, en Estados Unidos de América, cualquier persona con rasgos latinos y de clase trabajadora corre el riesgo de ser detenida arbitrariamente, criminalizada, agredida y deportada a un país que ni tan sólo es el de sus raíces familiares. Este último es, por el ejemplo, el caso de centenares de personas de origen venezolano que permanecen presas en una cárcel de El Salvador después de ser ilegalmente detenidas y deportadas de Estados Unidos. 

La indignación ante las prácticas racistas del gobierno Trump y por la brutalidad de la represión de las protestas ante las mismas, se está extendiendo por todo el país. La fuerza de las comunidades, organizaciones y movimientos que se han sumado, así como de miles de personas conscientes de la gravedad de la situación, son una esperanza para todo nuestro continente. En un mundo cuyos gobiernos avanzan poniendo muros, la sociedad resiste desde la solidaridad y el sentido básico de humanidad.   

Desde la IM-Defensoras y todas nuestras redes y articulaciones nacionales y territoriales, alzamos la voz para repudiar las políticas racistas, misóginas, transfóbicas, aporofóbicas y clasistas  del gobierno de Estados Unidos y exigir que se les ponga fin de inmediato: desde las redadas, detenciones y deportaciones ilegales, a los discursos de odio propagados desde el mismo gobierno y la represión del ejercicio del derecho a la protesta. 

Reconocemos la valentía y la legitimidad de la lucha de quienes se han echado a las calles para denunciar esta barbarie y defender los derechos humanos de todas las personas a vivir y trabajar donde hayan decidido, independientemente de su origen, etnia, preferencia sexual o identidad de género. 

Demandamos el cese inmediato de la militarización y represión en Los Ángeles y en cualquier otra ciudad del país; la liberación de todas las personas detenidas y garantías para que no se las criminalice. 

Desde Mesoamérica, nuestro abrazo solidario y nuestra fuerza a las compañeras que desde las calles o desde sus movimientos y organizaciones están defendiendo los derechos y la dignidad de las personas migrantes y de todas cuantas tienen sus raíces en Abya Yala.