A través de nuestro sistema de registro, en 2024 documentamos un total de 7,495 agresiones contra defensoras de derechos humanos en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Estas agresiones afectaron a 585 compañeras y 93 organizaciones.
Respecto del año anterior constatamos un incremento de 11% en el número de agresiones, causado principalmente por el aumento de las agresiones digitales documentadas en El Salvador y Nicaragua. Casi la mitad de los agresores identificados (42%) fueron actores vinculados al Estado: autoridades públicas, policiales o militares; que actuaron muchas veces para proteger intereses de grupos de poder privados.
Al menos 7 compañeras fueron asesinadas en 2024; cinco en México y dos en El Salvador. Adicionalmente, 11 defensoras sufrieron intentos de feminicidio, 2 intentos de transfeminicidio y 26 defensoras fueron amenazadas de muerte.
PRINCIPALES TENDENCIAS REGIONALES: MILITARIZACIÓN, REPRESIÓN, CRIMINALIZACIÓN, DESPLAZAMIENTO FORZADO, VIOLENCIA DIGITAL.
Entre las tendencias regionales que hemos podido identificar con base en los datos de nuestro sistema de registro, destacan la profundización de la violencia de Estado a través de la militarización de los territorios y el uso de estrategias de “mano dura” utilizadas para reprimir a quienes defienden derechos humanos. Así, durante 2024 documentamos 170 casos de uso de la violencia policial para reprimir la protesta, 58 casos de tortura y 117 casos de tratos crueles e inhumanos.
Otra tendencia regional que se constató en 2024 es la continuidad en las prácticas de instrumentalización del poder judicial para desprestigiar y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, lo que se refleja en las 82 detenciones arbitrarias de defensoras de derechos humanos y los 54 inicios de causas o juicios penales o administrativos en su contra que no corresponden a los hechos o que claramente descansan en hechos falsos.
Especialmente relevante, por los graves impactos que genera en las defensoras y sus familias, es el fenómeno de los desplazamientos forzados, registrándose en 2024 al menos 120 casos en los que compañeras se vieron obligadas a abandonar sus hogares y comunidades para resguardar su seguridad.
La violencia digital es otro fenómeno que año tras año se va consolidando como una de las principales formas de agredirnos. Durante 2024 registramos 2,480 agresiones digitales, lo que significa que una de cada tres agresiones contra defensoras y organizaciones documentadas en la región se perpetró a través de medios digitales. Asimismo, pudimos identificar como una de cada tres agresiones estuvo marcada por expresiones de violencias machistas y que 36% de las agresiones dirigidas de forma personal en contra nuestra también incluyeron agresiones contra personas cercanas, especialmente de nuestro entorno familiar; datos que hacen patente el carácter patriarcal y misógino de las violencias que enfrentamos.
Nuestro informe anual también contiene una mirada a los países en los que tenemos implementado nuestro sistema de registro, en la que se ofrece un análisis de los datos en relación al contexto específico de cada país. Así, la profundización del autoritarismo, el impedimento de la protesta y la violencia digital aparecen como los principales rasgos de El Salvador. En Honduras, la militarización y el despojo extractivista se identifican como factores clave en la violencia que enfrentan las defensoras y sus comunidades. En México destaca la sistemática represión de la protesta feminista y la violencia letal que enfrentan las buscadoras y las mujeres periodistas, en un contexto donde el crimen organizado ejerce el control en muchos territorios en colusión con autoridades corruptas y otros poderes fácticos. En Nicaragua, el análisis de los datos constata la consolidación de un Estado totalitario, en el que la disidencia y la defensa de los derechos humanos está absolutamente prohibida y penalizada, y donde las defensoras de derechos humanos han sido y siguen siendo forzadas al silencio o al exilio.
No obstante la gravedad de estos datos y los impactos que estas violencias tienen en las defensoras, nuestras comunidades y movimientos; no dejamos de hacer énfasis en cómo, pese a todo, nuestras luchas persisten, avanzan y se reinventan y lejos de paralizarnos, como pretenden los poderes fácticos, refuerzan nuestra urgencia de resistir y de acompañar desde una lógica de Protección Integral Feminista a quienes seguimos luchando por defender la vida.