El 20 de marzo, tras audiencia inicial en contra de trece integrantes de la familia McLaughin y la comunidad del Pueblo Negro de Habla Inglesa de Santos Guardiola, en Islas de la Bahía, el Juez de Letras de Roatán, Hermes Benigno Pineda, dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra cuatro integrantes de la comunidad. 

Cabe destacar que, durante el transcurso de la audiencia, la Policía Militar, portando armas de grueso calibre, se hizo presente con el objetivo de hostigar y amenazar a quienes se manifestaban pacíficamente en las afueras del Juzgado de Letras de Roatán para acuerpar y acompañar a las personas criminalizadas.

La familia McLaughlin ha resguardado el territorio de la comunidad Diamond Rock desde 1965 y en la actualidad están defendiendo este territorio ante las pretensiones de la familia Cooper-McNab por usurparlo. Este proceso de criminalización inició el pasado 28 de enero, cuando el Ministerio Público, por medio de la Fiscal Yescenia Canizales presentó un requerimiento fiscal pidiendo que se giraran órdenes de captura y detención judicial contra 13 integrantes de la familia McLaughlin y la comunidad, a quienes acusaban del delito de incendio, robo con violencia y daños dentro de la propiedad ancestral de esta misma familia. Durante el desarrollo del proceso se han presentado una serie de irregularidades: acusaciones infundadas en contra de la población Negra Isleña de Diamond Rock; la admisión, por parte del Juez Hermes Pineda, de seis medios de prueba ilegales obtenidos por la Fiscalía sin respetar las normas procesales; así como la ampliación en las acusaciones.

A pesar de que el Pueblo Negro de Habla Inglesa ha ocupado el territorio desde mediados del siglo XIX y posee un título extendido por el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, la comunidad ha sido desalojada y desplazada de manera forzosa, han sido víctimas de  hostigamiento, amenazas y persecución, lo que ha generado un clima de temor e incertidumbre, además, el desalojo al que está siendo sometida vulnera sus derechos fundamentales y pone en riesgo su cultura, identidad y formas de vida tradicionales.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras denunciamos las acusaciones falsas presentadas por el Ministerio Público para favorecer al poder económico por encima de los derechos de los pueblos, así como la decisión arbitraria y contraria al Estado de Derecho del Juez Pineda Castro.

Exigimos el sobreseimiento definitivo para las personas defensoras del territorio ancestral del Pueblo Negro de Habla Inglesa,  así como el cese inmediato a la persecución y el despojo de los territorios de los pueblos indígenas y negros.

Los derechos territoriales del Pueblo Negro de Habla Inglesa deben ser respetados, la propiedad colectiva de la tierra debe ser reconocida, y los registros fraudulentos que han permitido el despojo de sus territorios deben ser anulados.

Reiteramos que el Estado hondureño tiene la responsabilidad de velar por la protección de los derechos de una colectividad que reclama su justo derecho a la tierra, respetando su derecho como pueblo ancestral y su territorio, el cual es indispensable para su supervivencia y preservación de su legado cultural.

Finalmente, hacemos un llamado a organizaciones del movimiento social, feminista, y de derechos humanos a denunciar el hostigamiento militar en contra del Pueblo Garífuna y Negro de Habla Inglesa.