El 3 de diciembre de 2024 el Ministerio Público citó a las defensoras Mabel Robledo, Melva Eliana Arzu Witti y los defensores José Santos Caballero, Manuel de Jesús Cerrato, Nelson Arzu, Santos Enrique Martínez, Jimmy Javier Arzú y Juan Manuel Arzú, acusados por el supuesto delito de usurpación en perjuicio de la empresa Palma de Atlántida, S.A.
El Ministerio Público citó a las y los defensores con el objetivo de que se presente la copia del título de propiedad donde la comunidad garífuna inició un proceso de reocupación del territorio ancestral en poder de la empresa Palma de Atlántida S.A.
El 6 de octubre de 2024, la Policía Nacional en contubernio con esta empresa, perpetraron el ataque armado más grande que se haya ejecutado contra una comunidad garífuna de Nueva Armenia donde dos defensores resultaron gravemente heridos, quienes también están siendo criminalizados.
A raíz de este ataque, el 18 de octubre de 2024, la comunidad de Nueva Armenia sostuvo una reunión con seis instituciones del Estado, incluyendo al Ministerio Público y Seguridad donde se llegaron a 12 acuerdos, dentro de estos, respetar el territorio ancestral y dar respuesta a la denuncia interpuesta contra Palma de Atlántida S.A. y llevar ante la justicia a los responsables del atentado contra los defensores heridos.
Sin embargo, respondiendo a los intereses privados de la empresa, el Ministerio Público criminaliza a las y los defensores, sin resolver ni abrir proceso judicial contra la empresa Palma de Atlántida S.A. que tiene dos denuncias interpuestas por la comunidad garífuna de Nueva Armenia, por usurpación de sus tierras ancestrales.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos esta acción de criminalización y judicialización en contra de la comunidad garífuna Nueva Armenia que pone en mayor riesgo a las personas defensoras que defienden su territorio ancestral.
Demandamos al Ministerio Público y a las instituciones del Estado competentes el cese a la persecución contra la comunidad garífuna Nueva Armenia y garantice la seguridad de las defensoras y defensores que desde octubre han estado bajo amenaza.
Hacemos un llamado a organizaciones nacionales e internacionales, del movimiento social y feminista para acuerpar y exigir un alto a la persecución contra el pueblo garífuna que defiende su legítimo derecho al territorio ancestral.