A un año del inicio de la ofensiva militar sobre Gaza por parte del Estado de Israel, más de cuarenta mil personas palestinas han sido asesinadas, aproximadamente la mitad de las cuales son mujeres, niños y niñas, y 90% de la población gazatí se ha visto obligada a abandonar sus hogares y desplazarse. La Franja se ha convertido en un campo de concentración y un cementerio bajo los escombros de vivIendas, escuelas, hospitales y otras infraestructuras básicas que han sido destruidas por las bombas. Pero la destrucción de Palestina no es suficiente para el Estado de Israel, que ha expandido sus ataques a El Líbano y Cisjordania, provocando la reacción de países como Yemen e Irán situando a la región en el umbral de un conflicto sin precedentes.
Esto se está llevando a cabo con la complicidad y el apoyo de Estados Unidos y la mayoría de países de la Unión Europea, así como de muchas empresas que se lucran suministrando armas, infraestructura, alimentos y otros insumos al ejército israelí. Hasta la fecha, los llamados de la Organización de las Naciones Unidas a poner fin a la barbarie no han servido de nada, lo cual puede tener graves consecuencias de cara a mantener su papel y legitimidad para la defensa de la paz y los derechos humanos en todo el planeta.
No menos preocupante es que en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea las manifestaciones de repulsa al genicidio y solidaridad con la población palestina están siendo prohibidas y reprimidas, en ocasiones con brutalidad policial, criminalizando a muchas personas defensoras de derechos humanos y vulnerando la libertad de expresión y de asociación y el derecho a la protesta. Hechos como éstos dan cuenta de cómo este conflicto va más allá del proyecto genocida de Israel y pone en juego intereses geopolíticos vinculados al control y despojo capitalista de recursos como el petróleo o el gas, fundamentales para mantener el orden civilizatorio occidental que está llevando al mundo al colapso social y climático.
Como defensoras sabemos que la guerra es una de las manifestaciones más brutales del patriarcado y que, en estos momentos, la población palestina está siendo víctima de un genocidio auspiciado por el proyecto supremacista y colonial del Estado de Israel y los intereses capitalistas de sus aliados occidentales. Detener está barbarie es un imperativo moral pero también una urgencia global, pues la escalada del conflicto puede detonar consecuencias de alcance planetario, algunas de las cuales, de índole económico, ya las están sufriendo con especial intensidad las clases populares y, con particular impacto, las mujeres y niñas.
Por todo ello, nos solidarizamos y abrazamos a todas nuestras compañeras defensoras de derechos humanos que en Gaza, en El Líbano, en Cisjordania o incluso en Israel, frente a las políticas de genocidio, despojo y muerte, no cesan en su empeño de erigirse en constructoras de paz. Ellas son la esperanza para labrar cualquier futuro viable en la región, el cual pasa por el fin de la ocupación por parte del Estado de Israel y el pleno reconocimiento del Estado palestino.
Llamamos a gobiernos, instancias internacionales y organizaciones de derechos humanos a no mantenerse impasibles ni equidistantes y a usar toda su capacidad de acción e incidencia para que se declare un alto el fuego, se suspenda el envío de armamento, se libere a todas las personas rehenes y/o presas políticas de Israel y Palestina y se garanticen con urgencia y diligencia los derechos humanitarios de la población palestina.
Invitamos a todas las defensoras de derechos humanos del planeta a unir nuestras voces contra esta barbarie, así como a señalar y denunciar a los gobiernos y empresas que la promueven y sostienen.