Ante los crecientes ataques, amenazas y despojo en contra de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, de manera oficial, entre el 12 y el 14 de octubre, dará inicio el proceso de cumplimiento de la sentencia que dará lugar a la restitución de tierras en la comunidad de Punta Piedra, según lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2015. 

El inicio de este proceso se da en medio de un clima de violencia extractivista y racismo estructural contra el pueblo garífuna. Evidencia de ello, es la grave situación de riesgo que enfrentan de manera constante, así como los desalojos arbitrarios y violentos, la criminalización y la reiteración de la violencia y represión en contra de comunidades, lideresas y líderes,  así como otras personas miembras de OFRANEH y quienes habitan estas comunidades.

Estos graves hechos, así como la falta de cumplimiento de lo ordenado por la Corte, ha llevado a que esta lucha, encabezada por la OFRANEH y el pueblo garífuna, tuviera que enfocarse en la creación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI).  

Sin embargo, luego del reciente ataque ocurrido el pasado domingo 6 de octubre, en el que elementos de la policía nacional preventiva y policía tigres encapuchados junto con guardias de  seguridad privada de la empresa Palmas de Atlántida, entraran a una recuperación de territorio ancestral y dispararan hiriendo de gravedad a integrantes de  la comunidad de Nueva Armenia, el inicio de este proceso, aunque parece un primer paso para cumplir con la sentencia a favor de las comunidades garífunas y la restitución de sus territorios, puede implicar también un ataque directo a los intereses de actores que ya han respondido violentamente a las acciones de OFRANEH que les afectaban.

Cabe resaltar que a pesar de las normas internacionales, tanto ayuntamientos como el gobierno nacional han permitido el registro notarial de estas tierras comunales a nombre de terceros, corporaciones en alianza con funcionarios del Estado hondureño con el objetivo de adueñarse y explotarlas, despojando así al pueblo garífuna que es el legítimo custodio de ese territorio.

El pueblo garífuna ha defendido su derecho a su territorio ancestral con sangre, sudor y digna resistencia, por lo que este proceso de restitución es un logro histórico fruto de su lucha.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras, nos mantendremos alertas y vigilantes para que las sentencias de Triunfo de la Cruz y Punta Gorda ordenadas por la Corte IDH desde el 2015 se cumplan e implementen en su totalidad y que cese la violencia sistemática y las amenazas de desalojo y exterminio contra el pueblo garífuna.

De igual manera, hacemos un llamado al Estado hondureño para que atiendan a la situación de riesgo que este proceso implica, implementando todas las medidas que sean necesarias para evitar que los riesgos que implican para las comunidades y sus líderes, se materialicen en desalojos y nuevos hechos de violencia

Finalmente hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para que permanezcan vigilantes de estos hechos, se sumen a la denuncia pública y se pronuncien de manera inmediata ante cualquier violación de los derechos ancestrales del pueblo garífuna organizado en la OFRANEH.