El reporte “Nicaragua no nos deja de doler”, publicado por la IM-Defensoras a partir de datos preliminares de su Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras, hace patente cómo en Nicaragua, tras la consolidación de un Estado totalitario, con miles de personas exiliadas o desterradas, centenares de organizaciones feministas o con trabajo por los derechos de las mujeres canceladas y decenas de mujeres criminalizadas o en condición de presas políticas, las agresiones contra las defensoras de derechos humanos continúan y se diversifican. Durante el año en curso, desde el 1 de enero hasta el 19 de julio, se han documentado 1534 agresiones contra 121 defensoras y 6 organizaciones, lo que representa casi el doble de las agresiones registradas durante el mismo período en 2023 (805). Según datos de este mismo sistema de registro, desde el inicio de la crisis socio-política en abril de 2018, hasta el 19 de julio de 2024, en Nicaragua se han registrado 11,493 agresiones contra 1,528 defensoras y 365 organizaciones.
El reporte señala que 2024 presenta una tendencia al alza con relación a agresiones de carácter personal como la vigilancia y hostigamiento contra defensoras y activistas excarceladas, el patrullaje digital, los desplazamientos forzados y nuevos patrones de represión migratoria; la persistencia des agresiones de carácter colectivo como campañas de estigmatización y desprestigio en entornos digitales; así como la continuidad de los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las presas políticas.
Destaca especialmente la violencia digital, ya que 85% de las agresiones registradas en el transcurso de este año se han dado en entornos digitales. Entre las agresiones digitales más frecuentes se identifica la divulgación de hechos falsos (292), los cuestionamientos o puesta en duda del liderazgo, profesionalidad o ética de la defensora (282), la ridiculización de las defensoras y las actividades que realizan (151) y la violencia verbal (96) o psicológica (91). Estas agresiones son principalmente perpetradas por usuarios virtuales desconocidos, sin embargo, por su contenido se identifica como sospechosos tanto a personas afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como a integrantes de grupos de derecha, fundamentalistas religiosos y antiderechos. Además, en 58% de las agresiones por medios digitales se identifican elementos de discriminación por género relacionados con expresiones misóginas y mensajes de odio basadas en la sexualidad, orientación sexual, aspecto físico o edad de las defensoras.
Otras violencias especialmente graves que enfrentan las defensoras son los desplazamientos forzados. Así, entre el 1 de enero y el 19 de julio de este año se han identificado 13 casos de mujeres defensoras y activistas que se han visto obligadas a abandonar su hogar debido a la persecución política que enfrentan; sumando 165 el total de defensoras desplazadas forzosamente desde el inicio de la crisis socio-política en 2018 hasta julio del presente año. También se han identificado nuevas modalidades de represión migratoria como la utilización de mecanismos coercitivos y amenazas para que la defensora tome la decisión de no ingresar al país por miedo a represalias contra ella y/o integrantes de su familia.
Las defensoras que continúan en el país, así como ex-presas políticas y familiares de defensoras exiliadas o desterradas, siguen enfrentando distintas agresiones. Durante los primeros siete meses de 2024 se documentaron 65 incidentes de hostigamiento, 46 de vigilancia y monitoreo de las prácticas de la vida cotidiana, así como 23 amenazas en contra de estas defensoras. Estas violencias, junto a otras como la negativa a renovar documentos de identidad y otras arbitrariedades en ámbito administrativo y financiero, las coloca de facto en situación de “muerte civil”, con graves impactos sobre sus vidas y medios de subsistencia.
El reporte también señala cómo durante los meses de junio y julio se dio una nueva ola represiva contra el periodismo independiente, registrándose 8 casos de violencia contra periodistas y personas vinculadas al ámbito de la comunicación. Estas agresiones, que afectan a mujeres periodistas y comunicadoras, así como a defensoras del derecho a la libertad de prensa y libertad de expresión, incluyen casos de desaparición forzada, allanamientos y amenazas que han obligado a muchas de ellas a desplazarse para resguardar su seguridad física.
Finalmente, el reporte denuncia las graves condiciones de privación de libertad vividas por las presas políticas —entre ellas 15 mujeres activistas o defensoras de derechos humanos— , la mayoría de las cuales fueron excarceladas y desterradas del país este 5 de septiembre, junto con más de un centenar de presos políticos, tras una negociación entre los Estados de Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos. Tal y como sucedió con las presas políticas excarceladas anteriormente, a estas mujeres tras desterrarlas se les ha despojado de su nacionalidad y sus bienes han sido confiscados, con las graves implicaciones que ello supone tanto para ellas como para sus familias. Extremadamente preocupante es, para la IM-Defensoras, la situación en que quedan las mujeres que siguen presas en el país, que continúan privadas de libertad bajo las inhumanas condiciones documentadas por el reporte y corroboradas por diversos testimonios públicos de presas excarceladas el 5 de septiembre.