El 20 de agosto del 2024, guardias de seguridad y empleados encapuchados y armados identificados como parte de la Azucarera del Norte (Azunosa) desalojaron, agredieron y destruyeron aproximadamente 50 manzanas de cultivo de maíz de las familias campesinas de la Aldea La Sarrosa, en El Progreso, Yoro.

Varias personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas menores de edad, integrantes del Movimiento de Campesinos Sin Tierras de Yoro, fueron víctimas de violencia física por parte estos empleados y guardias de seguridad, quienes por medio del uso excesivo de la fuerza y la violencia las golpearon, agredieron e hirieron de gravedad, utilizando piedras, machetes y disparando armas de fuego indiscriminadamente.

A raíz de estas acciones violentas, la compañera defensora María Munguía Betancourt, de 46 años, resultó herida de gravedad desde las 7:00 am. Ella fue herida y golpeada por los empleados de la Empresa Azunosa con piedras, causando que cayera al suelo inconsciente. Estos mismos empleados y guardias armados obstaculizaron la calle principal, impidiendo el acceso de la ambulancia del cuerpo de bomberos, que estuvo desde horas tempranas intentando ingresar. Luego de las llamadas de alerta hechas por Radio Progreso de forma reiterada, la ambulancia logró acceder y brindar atención a la compañera hasta alrededor de las 9:30 am.

Todo ello ocurrió bajo la vigilancia de elementos de la Policía Nacional, quienes estuvieron presentes desde temprano para garantizar que se realizara el desalojo y asegurar que empleados y guardias de seguridad privada de la empresa perpetraran estos hechos violentos.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunciamos la grave situación que enfrentan las organizaciones y comunidades campesinas en el país, frente a la política de despojo, estigmatización, persecución judicial y precarización de la vida.

Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y al movimiento social para dar seguimiento a la situación de las defensoras y defensores campesinos.

Exigimos al Estado que se detengan los desalojos, criminalización y hostigamiento contra las organizaciones campesinas que luchan por su legitimo derecho a la tierra, a la alimentación y una vida digna libre de violencia.