Personas defensoras del medio ambiente de la comunidad del Bajo Aguán, Guapinol y Sector San Pedro, así como integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, son nuevamente objeto de criminalización, ataques, amenazas y estigmatización.
La comunidad de Guapinol, ha sido protagonista de una lucha histórica en contra de la minería y el extractivismo. En esta ocasión, se ha ignorado la voluntad popular expresada en múltiples asambleas y cabildos abiertos en los que se manifestó un rechazo unánime al megaproyecto de Inversiones Los Pinares/ Ecotek. A pesar de la clara oposición expresada por la comunidad de Tocoa, Colón, la Corporación Municipal de Tocoa ha insistido en avanzar en la promoción y aprobación del proyecto Termoeléctrico, con implicaciones ambientales adversas y sin un proceso transparente y abierto de socialización con las comunidades afectadas.
De 2016 a diciembre de 2023 las comunidades de Guapinol y sector San Pedro han impulsado 6 acciones masivas de participación popular en contra de los proyectos extractivos.
En 2016, la municipalidad convocó a Cabildo Abierto en el sector San Pedro y las comunidades masivamente rechazaron el proyecto; en 2018, se desarrolló una Asamblea popular permanente frente a la municipalidad, en ese mismo año se sostuvo el Campamento por el agua y la vida en rechazo al proyecto; en 2019, se desarrolló un Cabildo Abierto, donde se declaró al municipio libre de minería; en 2020, se llevó a cabo la Cumbre municipal por el agua y por la vida reiterando el rechazo al proyecto minero.
Más recientemente, el 9 de diciembre de 2023, a través de una asamblea popular, la ciudadanía rechazó el proyecto minero, sin embargo, irrespetando la voluntad de la comunidad y violando los derechos políticos de la ciudadanía, la municipalidad convocó a un nuevo Cabildo Abierto el 31 de enero de 2024.
Esta situación de tensión ha reactivado la persecución contra personas defensoras del medio ambiente, las cuales permanecen bajo un contexto de continua vigilancia y hostigamiento, principalmente las defensoras de la comunidad de Guapinol. En días pasados, el defensor Leonel George fue detenido de forma arbitraria por la Policía Nacional, en el municipio de Cedros, Francisco Morazán. Leonel ha sido criminalizado constantemente por su labor de defensa y protección del Río Guapinol. En 2019, junto a varios de sus compañeros, permaneció detenido arbitrariamente desde el 21 de febrero hasta el 5 de marzo. Este hecho se suma a los ataques sistemáticos contra el conjunto de personas defensoras de derechos humanos de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro. Aly Domínguez, y Jairo Bonilla fueron asesinados el 7 de enero de 2023; el 15 de junio de ese mismo año fue asesinado Oquelí Domínguez, hermano de Aly. Cabe destacar que ante estos hechos las autoridades de Honduras siguen sin llevar a cabo una investigación que permita , identificar y procesar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.
La situación de violencia que viven las personas defensoras del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos se ha convertido en una constante. En 2019, ocho defensores de Guapinol fueron encarcelados y permanecieron privados de su libertad durante más de 900 días de manera totalmente arbitraria. Por otro lado, las personas defensoras de la comunidad y sus familias han tenido que desplazarse forzosamente debido a la violencia que han enfrentado, también han denunciado sufrir acoso y ataques por parte de las autoridades hondureñas y de la empresa que gestiona el proyecto minero.
De igual manera, en la región del Bajo Aguán se enfrentan nuevos ataques, el 27 de enero de este 2024, hombres fuertemente armados atentaron contra la vida del presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Camarones, Franklin Izaguirre. Días después, miembros de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Brisas del Aguán fueron también víctimas de un atentado mortal. Estos hechos se dan en el entorno de las negociaciones para la instalación de la Comisión Tripartita que tiene como objetivo investigar el origen de la problemática agraria y las violaciones a los derechos humanos contra campesinos y campesinas del Bajo Aguán. Ante el anuncio de dicha comisión, los agroindustriales han ejecutado ataques contra las familias campesinas a través de estructuras criminales que protegen sus intereses. El contexto de violencia que rodea a la comunidad del Bajo Aguán ha cobrado la vida de más de 150 campesinos asesinados.
En Honduras resulta evidente la complicidad del Estado con empresas privadas, anteponiéndose de manera constante los intereses de éstas al interés publico y a los derechos colectivos de las comunidades, a través del uso sistemático de la criminalizacion de las personas defensoras o del uso de las fuerzas de seguridad para reprimir a la población que ejerce su legítimo derecho a la protesta contra el despojo y la acción destructiva de las empresas extractivas.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras condenamos los actos de criminalización, ataques, amenazas y estigmatización en contra de las y los campesinos del Bajo Aguán y las personas defensoras del medioambiente de la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro.
Llamamos al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y emocional de quienes integran las comunidades en resistencia de Guapinol y el Bajo Aguán, así como de todas las personas defensoras del medioambiente y de sus familias.
De igual manera, exigimos un alto a la campaña de acoso contra el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos tras las denuncias contra el megaproyecto ilegal de Emco y las acciones del alcalde Adán Funes para deslegitimar la participación ciudadana, así como la cancelación inmediata e incondicional de proyectos extractivistas.
La voluntad del Pueblo de Tocoa expresada el 9 de diciembre de 2023 debe ser respetada e implementada inmediatamente por todos los niveles del gobierno hondureño.