MUJER DIGNA, PODEROSA Y COMPROMETIDA.
El 19 de octubre del 2001, sujetos desconocidos irrumpieron en el despacho de Digna Ochoa, en la Ciudad de México, y la asesinaron. Las violencias contra ella no cesaron tras su asesinato, pues a éste le sucedió una investigación plagada de irregularidades, omisiones, negligencias, campañas de descrédito, prejuicios de género y misoginia que sirvieron para fabricar una imagen falsa de ella, y garantizar la impunidad que todavía hoy, veinte años después, prevalece.
Digna Ochoa y Plácido fue una destacada abogada y defensora mexicana de derechos humanos. A lo largo de su trayectoría y hasta su último aliento, Digna acompañó algunos de los casos más emblemáticos de la reciente historia mexicana, entre ellos, las masacres de Agua Blancas y el Charco, el relacionado con la detención arbitraria, torturas y prisión política de los hermanos Cerezo, o de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, enfrentándose al crimen organizado, a las industrias extractivas y a los poderes más siniestros y corruptos del Estado.
Su trabajo y su compromiso con los derechos humanos le supuso ser objeto de mútiples ataques, incluyendo agresiones, amenazas, secuestros y una violación sexual que nunca fueron debidamente investigados. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocieron su situación de riesgo y le otorgaron medidas de protección, pero la continuidad de los ataques, agresiones, y amenazas la forzaron a huir del país durante un tiempo.
El caso de Digna Ochoa y Plácido no es un caso aislado, muestra la violencia, la estigmatización, la impunidad y la desprotección que enfrentamos las defensoras de derechos humanos en México, pero también en el resto de la región mesoamericana. A través de este caso, podemos ver la forma en que las autoridades del Estado emplean los prejuicios de género y argumentos misóginos para reprimir y dejar impunes los crímenes en contra nuestra. También da cuenta del largo y duro camino que las defensoras hemos recorrido y seguimos recorriendo para lograr que se reconozca tanto la legitimidad e importancia de nuestra labor como nuestras necesidades específicas de protección. Además, muestra como la discriminación y la violencia de género operan de manera conjunta con la violencia que enfrentamos por defender derechos humanos.
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, UNA HISTORIA DE VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DESPROTECCIÓN.
A Digna Ochoa y a muchas otras que como ella defendemos derechos humanos en un entorno extremadamente violento, el Estado no nos ofrece protección adecuada y acorde a nuestras necesidades específicas. En este sentido, el caso de Digna es también paradigmático.
Las medidas de protección asignadas por el Estado mexicano a Digna Ochoa se limitaron a ser medidas de seguridad física, las cuales por su naturaleza, con frecuencia reproducen relaciones patriarcales de poder y aumentan la percepción de peligro y vulnerabilidad, a ello cabe añadir que estaban descontextualizadas y eran poco oportunas. La asignación de contingentes armados para proteger a las mujeres defensoras genera impactos negativos en nuestra vida familiar y comunitaria, obstaculiza nuestro trabajo y nos hace sentir intimidadas y vigiladas, ya que quienes tienen el encargo de protegernos, los agentes de seguridad pública, son quienes frecuentemente también nos acosan y agreden. Por este motivo, Digna optó por exiliarse.
Cuando la violencia en contra de las defensoras es tolerada y queda impune, sus responsables y otras personas pueden actuar libremente para atentar de nuevo contra nosotras. Así, la protección asignada a Digna Ochoa, para ser integral, debiera de haber incluido la investigación de las violencias que sufrió previamente para evitar las siguientes y así prevenir su asesinato.
Si bien es cierto que hoy en día existen algunos mecanismos específicos para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, estos siguen careciendo de un enfoque de género que permita entender los riesgos específicos y diferenciados que las defensoras vivimos por el hecho de ser mujeres y, con base en ello, garantizar de una manera efectiva nuestra protección.
Son muchos y diversos los datos que dan cuenta de esta situación, la cual, lejos de remitir, sigue agravándose:
En la actualidad, en México existe una impunidad de 98,5% en casos de violencia en contra de quienes defienden derechos humanos, siendo el cuarto país a nivel mundial con más personas defensoras asesinadas.
En México la tendencia observada en otros países de la región se cumple: Somos agredidas mayoritariamente por funcionarios públicos: policías en 20% de los casos; y autoridades Nacionales, Federales o Municipales en 17%, para 2017 y 2018.
La violencia sexual es una de las formas más recurrentes de violencia contra las defensoras, como sucedió en 2006 en San Salvador de Atenco. También son frecuentes los ataques contra integrantes de nuestras familias, como hijos e hijas, o los actos que buscan dañar nuestra imagen pública mediante la estigmatización y difamación, muchas veces marcada por un cuestionamiento de nuestra moral sexual.
EL CASO DE DIGNA: LA MISOGINIA AL SERVICIO DE LA IMPUNIDAD.
Las defensoras somos víctimas de campañas de estigmatización que buscan atacar y deslegitimar nuestros movimientos y organizaciones cuestionando nuestra honradez. Cuestionan nuestras capacidades de liderazgo, nuestra vida personal y familiar, juzgan nuestra moral y vida sexual, ponen en duda nuestra palabra, nuestra forma de vestir, y condicionan negativamente las investigaciones que se realizan en relación con la violencia que enfrentamos. Los feminicidios de Mariana Lima y de Lesvy Berllín dan cuenta de cómo los estereotipos de género a los que se remiten las autoridades generan importantes barreras en el acceso a la justicia para las mujeres.
Se nos reprocha, como defensoras, ocupar un espacio masculino, público y político, en lugar de quedarnos en casa cuidando de nuestras familias. Se duda de nuestro liderazgo y se despolitizan los ataques que recibimos haciendo que las líneas de investigación que se siguen cuando somos agredidas se centren en nuestra vida personal. Esto sigue ocurriendo, como muestran los casos de Berta Cáceres y Macarena Valdés, donde las autoridades desligaron sus asesinatos de su actividad como defensoras y de las amenazas y ataques recibidos previamente.
Los peritos distorsionaron la imagen de Digna Ochoa para desvincular su muerte de su labor. En sus necropsias psicológicas, pruebas fuertemente criticadas por justificar la violencia de género, aludieron constantemente a elementos de la vida de Digna bajo lentes profundamente machistas. Digna fue tratada como una “mala mujer”, al supuestamente no cumplir con su rol reproductor, de estar mentalmente desequilibrada, de buscar ser agredida al defender derechos humanos, y ser incapaz de discernir riesgos. Como mujer, desacreditaron su palabra, la tomaron por desequilibrada y pusieron en duda su capacidad y autonomía, todo con base en estereotipos de género intrínsecamente vinculados con aquellos que tildan a las personas defensoras como “parcializadas, conflictivas o exageradas”.
Más tarde, quienes operan en el sistema de justicia se guiaron por estos mensajes misóginos construidos alrededor de la figura de Digna Ochoa para señalar que había simulado su suicidio, tomar la decisión de ejercer la acción penal, menospreciar su trabajo, minimizar sus habilidades y desestimar otras pruebas que hubieran arrojado otro resultado en la investigación, haciendo caso omiso a las obligaciones internacionales que, entre otras cosas, exigen “evitar omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”, y tener en cuenta el contexto en que la defensora desarrollaba su labor y los casos que acompañó en este marco, a la hora de investigar actos de violencia en contra de mujeres defensoras.
Esta estrategia machista y misógina dirigida por las autoridades del Estado aún hoy empaña la imagen de Digna Ochoa e impide a mucha gente conocer quién fue ella, a qué dedicó su vida, quien la mató y porqué, y también porque su caso resulta fundamental para entender los retos y los riesgos que seguimos enfrentando las defensoras en México y en toda Mesoamérica. Por todo ello, nosotras, hoy, veinte años después, seguimos pidiendo Justicia Digna, para ella, para su familia y para seguir manteniendo viva la esperanza de un mundo más justo e igualitario, tal y como ella lo soñó.