[BOLETÍN] Golpe de Estado, corrupción, extractivismo: claves de la actual crisis política y de derechos humanos en Honduras.

Introducción: Romper el cerco mediático

En Honduras se vive una grave crisis socio-política y de derechos humanos caracterizada por la ausencia de legitimidad democrática del gobierno actual, la corrupción y el aumento de la represión por órganos estatales. Su carácter autoritario lo hace responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta social y a la defensa de los mismos. El modelo de desarrollo que desde el 2009 se implementa en el país impone políticas neoliberales y extractivistas que suponen la precarización de la vida de la mayoría de la población hondureña y el desplazamiento forzado y la migración hacia otros países de quienes huyen de la violencia y la pobreza. Este modelo se sostiene en el despojo de las comunidades indígenas, campesinas y garífunas, la degradación del medio ambiente y la criminalización y el asesinato de quienes defienden los territorios y la vida.

Políticamente el régimen hondureño explicita su tolerancia y connivencia con discursos fundamentalistas, misóginos o que hacen apología del odio contra las mujeres y las comunidades disidentes de la heteronormatividad binaria, lo cual se refleja en índices alarmantes de femicidios y crímenes de odio contra las personas LGBTTTIQ y jóvenes empobrecidos.

El estatuto geopolítico de Honduras, un país cuya soberanía ha sido históricamente vulnerada y saqueada por intereses económicos de Estados Unidos, explica el cerco mediático que invisibiliza la situación de emergencia social, política y de derechos humanos que hemos señalado. Junto a esta invisibilidad, nos preocupa el trato superficial por parte de los medios masivos de comunicación de la llamada “crisis” de las caravanas de migrantes, pues en la mayoría de casos oculta las causas estructurales que explican la decisión de miles de hondureños y hondureñas de dejar su hogar y ejercer su derecho al libre tránsito. Dicho manejo mediático alienta los discursos xenófobos y desvía la atención sobre las causas del fenómeno social.

Por todo ello, desde la IM-Defensoras consideramos urgente y necesario ofrecer a la opinión pública una panorámica del contexto actual del país, que además de dar visibilidad a la multitud de casos de vulneraciones a derechos humanos y ataques contra movimientos sociales, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que hemos registrado, los sitúe en relación con la historia reciente y el marco político vigente en el país, apuntando a sus causas, consecuencias y a los actores implicados.

Este análisis se basa en nuestra experiencia de trabajo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras con el desarrollo e implantación en el país de estrategias de protección integral feminista para organizaciones y mujeres defensoras de derechos humanos. Posición que nos permite ser conscientes del papel fundamental y de vanguardia que las mujeres hondureñas tienen en los procesos de transformación social y de los graves riesgos que por este motivo enfrentan. El asesinato todavía impune de nuestra compañera Berta Cáceres es un caso paradigmático y ampliamente conocido, pero, por desgracia, no el único, pues como Berta muchas otras defensoras están siendo asesinadas, criminalizadas, amenazadas, hostigadas y atacadas por defender sus derechos, sus cuerpos, sus territorios, sus ríos, sus vidas y las de sus comunidades.

Según datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, entre 2015 y 2018 se han registrado 2,043 agresiones contra mujeres defensoras en el país. La violencia policial y la criminalización han jugado un papel fundamental y al menos 643 defensoras han enfrentado procesos de criminalización en el periodo comprendido entre 2013 y 2018. Las campañas de deprestigio y estigmatización, las cuales en la mayoría de casos suelen presentar componentes de género (es decir, están explícitamente orientadas a la condición de mujer de las defensoras), son otras de las agresiones recurrentes y con mayor impacto sobre las defensoras. Entre 2015 y 2018 la Red ha registrado 141 agresiones de este tipo, las cuales se llevan a cabo a través de medios de comunicación, redes sociales y, a nivel local, a través de panfletos e incluso compañeros de organización.

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