#AlertaDefensoras HONDURAS / Criminalización y amenaza de desalojo contra defensoras del derecho al agua en Tocoa, Colón

Miriam Janeth Mejía Cruz y Lourdes Elizabeth Gómez Rodas

Organización
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón

Actividad
Defensa de los bienes comunes

Agresiones
Criminalización

HECHOS - Según información a la que ha tenido acceso la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, desde el 13 de septiembre existe una orden de detención contra dieciocho integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, que participan en el Campamento por la Vida en Defensa del Derecho al Agua, entre quienes se encuentran las defensoras Miriam Janeth Mejía Cruz y Lourdes Elizabeth Gómez Rodas. Este campamento se instaló el pasado mes de agosto para protestar contra la acción de la empresa Minera Inversión Los Pinares, la cual está provocando graves daños ambientales en los Ríos San Pedro y Guapinol.

Unido a ello, existen indicios sobre el posible desalojo inminente del Campamento, lo que hace aún más preocupante la situación, dados los varios precedentes de acciones de desalojo violento y detenciones arbitrarias perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado que hemos venido denunciando desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras.

En Honduras es una constante la complicidad del Estado con empresas privadas, anteponiendo los intereses de éstas al interés publico y a los derechos humanos de las comunidades, a través del uso sistemático de la criminalizacion de las personas defensoras o del uso de las fuerzas públicas de seguridad para reprimir a la población que ejerce su legítimo derecho a la protesta contra la acción destructiva de las empresas extractivas.

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras le recordamos al estado hondureño que, según los estándares internacionales de derechos humanos, defender derechos es un derecho legítimo de todas las personas que los Estados deben garantizar. Por lo que exigimos que se suspendan de inmediato todas las órdenes de captura y cualquier acción que pueda poner en peligro la integridad y el derecho a defender derechos de quienes integran el Campamento por la Vida en Defensa del Derecho al Agua, haciendo responsable al Estado de cualquier cosa que pudiera sucederles.

Fialmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y se mantenga al pendiente de la situación.


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