[Alerta Defensoras] MÉXICO / Medios de comunicación difaman a defensoras de Puebla después de marcha 8M; Estado las criminaliza

Foto: Daniel Chazari

Defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos

Actividad
Derechos sexuales y reproductivos

El 9 de marzo, medios de comunicación nacionales y locales publicaron materiales señalando a las compañeras Zavine. M. y Cinthya. R. como responsables de disturbios y violencia ocurridos en el marco del 8 de marzo en Puebla, acusándolas de infiltradas.

Dichos señalamientos hacen referencia a declaraciones de representantes de REDefine Puebla, uno de los capítulos estatales de la red de jóvenes activistas por los derechos sexuales y reproductivos de la organización Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. 

Las publicaciones señalan a ambas compañeras defensoras como trabajadoras públicas del Estado, ambas ostentan cargos honorarios en consejos de participación ciudadana, pero ningún vínculo laboral con el Ayuntamiento de Puebla.

En diciembre de 2020, Cinthya R, como vocera de REDefine Puebla, formó parte de las mesas de trabajo y negociaciones con diputados del estado para la firma de acuerdos. Desde entonces se denunciaron los actos de intimidación y señalamientos hacia las colectivas, lo cual es un antecedente importante y patrón de violencia.

Zavine M y Cinthya R participaron en actividades del 8 de marzo de 2021 sin formar parte de los disturbios ocurridos en el marco de las protestas.

Exigimos el cese de los actos de difamación y criminalización a las defensoras de derechos humanos en Puebla y en todo el país. Demandamos a los medios de comunicación que publicaron señalamientos contra las defensoras que brinden el derecho a la réplica a las compañeras, para poder contar los hechos con objetividad. Exigimos al Estado de Puebla protección a las compañeras señaladas y una investigación para quienes cometen actos de difamación y criminalización contra las defensoras de derechos humanos.

En el marco del 8 marzo la Red Nacional de Defensoras de DDHH en México documenta múltiples vulneraciones al derecho a la protesta en todo el país

El pasado 8 de marzo miles de mujeres en todo el país salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, alzar la voz para exigir derechos y visibilizar el continuum de la violencia en México. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México hemos documentado cómo las diferentes formas de manifestación, que incluyeron a mujeres, jóvenes y niñas que por primera vez ejercieron su derecho a la protesta, enfrentaron persecución, hostigamiento, acoso policial y hasta cateos y detenciones en distintas partes del país.

En el marco del 8 de marzo se agudizó la criminalización y el acoso que ya veníamos observando y que se ha exacerbado en los últimos 12 meses. En un país donde la represión de la protesta social es un problema histórico y estructural, ser mujer, ser defensora y feminista en México es razón suficiente para caminar por las calles bajo la amenaza de la criminalización y la violencia por el estigma alentado desde narrativas y discursos de violencia en redes sociales, algunos medios de comunicación y actores políticos.

Desde la Red Nacional de de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras condenamos la actuación de integrantes de distintos cuerpos policiales que llevaron a cabo acciones de hostigamiento y amenazas en contra de las mujeres feministas, periodistas y fotoperiodistas que participaron en las manifestaciones, de manera particular condenamos que en el estado de Aguascalientes aún se mantenga a 8 mujeres y 2 hombres detenidas. 

Además se reportaron actos de intimidación contra las manifestantes en Veracruz, Michoacán y en Ciudad de México, en donde el monitoreo que realizó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México permitió constatar el uso de gas lacrimógeno y la detención ilegal de 4 foto-reporteras, cuyas pertenencias también  fueron registradas  por elementos policiales en el metro Hidalgo de la Ciudad de México.

Asimismo nos preocupa la distorsión y difusión no verificada de la información y sobre las protestas y actos represivos que actores ajenos al feminismo han estado promoviendo para sus propios intereses.

Es urgente que tanto los Gobiernos de los Estados como el Gobierno Federal hagan un llamado a que se garantice una actuación policial con pleno respeto a los derechos humanos y a la libre manifestación; que se pronuncien en forma determinante ante estos hechos y hagan un llamado a las distintas corporaciones policiales para evitar que sus efectivos continúen ejerciendo violencia y perpetrando abusos en contra de las manifestantes  que, como en caso de Aguascalientes, se concretaron en agresiones físicas directas de los agentes y en Ciudad de México en  encapsulamientos, cateos y lanzamiento de gases lacrimógeno a las manifestantes. 

Una vez más recordamos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno que México ha suscrito un sinnúmero de instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destaca el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración sobre Personas Defensoras, que reconocen  el derecho a la manifestación y asociación y el derecho a defender los derechos humanos. 

De igual forma, urgimos al gobierno federal a hacer valer su compromiso contra la represión de la protesta social, evitando de forma clara y contundente el discurso estigmatizador que se ha mantenido hasta el momento y estableciendo  mecanismos efectivos de interlocución entre las organizaciones e  instituciones, en las diferentes entidades de la república.

HECHOS

En la Ciudad de México, la jefa de gobierno informó sobre la detención de dos hombres armados, escoltas de una defensora de derechos humanos, a quienes se les acusó de robar escudos de la policía.

Las manifestantes acusaron represión con gas lacrimógeno y balas de goma, a pesar de que las autoridades afirmaron que  la policía estaba desarmada y que repelió la agresión con extinguidores.

También dio a conocer que, tras la detención de cuatro fotógrafas de medios de comunicación en las instalaciones de la estación del Metro Hidalgo, se solicitó la sustitución de los elementos que participaron y del mismo director general de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), José Arturo Blanco Hernández.

En Aguascalientes fueron detenidas 22 mujeres por daños al palacio de Gobierno. Grupos feministas informaron que 14 de ellas, acusadas de la comisión de faltas administrativas,  saldrían tras el pago de fianza cercana a  los 175 mil pesos; mientras que se procederá contra otras ocho manifestantes detenidas.

En Puebla, la secretaría de Gobernación señaló que los daños cometidos a inmuebles públicos y privados, al mobiliario público y las agresiones físicas hacia otras personas durante la marcha del 8M, ya son investigadas por la Fiscalía General del Estado. 

En Chihuahua fueron detenidas y posteriormente liberadas 6 manifestantes. 

En Querétaro, mientras feministas realizaron acciones de protesta en la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía, conductores de transporte público les “aventaron” camiones a las manifestantes. 

También se realizaron acciones y movilizaciones donde se registraron algunos enfrentamientos con la policía en Morelos, Hidalgo, Chiapas y Veracruz, Tlaxcala y en seis municipios del Estado de México.

Las manifestaciones sin incidentes se registraron en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Durango, Jalisco, Coahuila, Tabasco, Baja California, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nuevo León y Zacatecas.

Dentro de las movilizaciones realizadas por las manifestantes destaca la resignificación de los nombres de las calles colocando “nomenclaturas” con los nombres de las víctimas de feminicidio y nombres de mujeres que nos han inspirado en la lucha feminista. La contracara de estas acciones fue la afrenta a las mujeres que supone el hecho de  que ante las acciones de protesta frente al domicilio de una persona señalada en múltiples denuncias como agresor sexual en la Ciudad de México, dicho domicilio  fuera “resguardado” con un despliegue policial exagerado.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

Organizaciones que se suman:

PRODESC AC
Luchadoras
CIMAC AC

[Alerta Urgente] MÉXICO / Tras mantenerlas dos días privadas de libertad, liberan a 8 mujeres defensoras detenidas arbitrariamente en la marcha del 8M en Aguascalientes.

El pasado 8 de marzo, en el marco de las marchas por el Día de la Mujer, policías municipales y estatales de Aguascalientes detuvieron de forma violenta y arbitraria a 23 mujeres y 3 hombres. Quince de estas personas fueron liberadas ese mismo día, pero 9 de ellas, 8 de las mujeres y uno de los hombres, permanecieron privadas de libertad hasta el miércoles 10 de marzo. En el momento de las detenciones, elementos de policía cometieron graves agresiones, entre ellas golpear y patear a las mujeres, quienes además fueron arrastradas tomadas del cabello.

Las compañeras que permaneciern detenidas durante dos días son Yoselín CV., R Imelda VL., A Paulina MM., F Sofía MC, D Asunción CJ., A Karen L, Y Yarit RO y Yeudiel RO. Seis de ellas son mujeres jóvenes que empiezan con su labor de defensa de derechos humanos y participan activamente en acciones dirigidas a la ocupación del espacio público en la protesta, la movilización y organización; las otras dos mujeres fueron detenidas por el simple motivo de encontrarse en el lugar y momento de las agresiones policiales. 

Desde la red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Front Line Defenders y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) condenamos estos actos arbitrarios de represión y violencia policial contra compañeras defensoras que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y exigimos que ninguna de ellas sea judicializada por estos hechos. Protestar no es un delito, es un derecho que todas las instituciones de todos los niveles del Estado mexicano tienen la obligación de respetar y garantizar.

 

¡Exigimos un 8 de marzo sin represión ni violencias patriarcales!

FOTO: Rosario Ochoa

Desde hace varias décadas, el 8 de marzo millones de mujeres y feministas alrededor del mundo constatamos el peso de nuestras voces juntas. Nos movilizamos en plazas y otros espacios públicos para reivindicar nuestra determinación de transformar un mundo en crisis que impone sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios la violencia y explotación patriarcal, racista, capitalista y colonial.

El 8 de marzo es un momento de estar y sentirnos juntas, de construir un solo grito de rabia y esperanza y de hacerlo desde nuestra diversidad. El 8 de marzo nos reconocemos entre nosotras, honramos a nuestras ancestras y a quienes defendemos los derechos de todas.

Las multitudinarias movilizaciones de los últimos años nos han hecho aún más visibles y han hecho posible que, tímida o abiertamente, otras muchas mujeres se hayan sumado a nuestro llamado por la igualdad, la justicia y la libertad. Esta expresión de fuerza es una terrible amenaza para quienes nos quieren sumisas, solas y en nuestras casas. Por ello, las marchas del 8 de marzo y de otras fechas emblemáticas protagonizadas por mujeres y feministas generan tanto miedo y rabia en quienes vigilan el orden patriarcal, siendo la violencia la única respuesta posible. 

Desde la IM-Defensoras y las redes y articulaciones nacionales de defensoras que la integramos, hemos constatado la creciente violencia y represión cada vez que nos manifestamos, las cuales marcan una tendencia regional dirigida a callar voces y limitar nuestra presencia en los espacios públicos para la protesta, algunos de los patrones identificados son: 

Limitar nuestro espacio de protesta y militarización de las marchas. En los últimos años cada vez más feministas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador han visto restringido su derecho a la libre manifestación por cuerpos policiales que establecen los límites de sus movimientos con la excusa de “cuidar” a quienes participan en las marchas. Con frecuencia son otras mujeres quienes presiden los cordones restrictivos como una estrategia para invisibilizar la violencia patriarcal. 

En Nicaragua, desde 2019 toda manifestación y protesta ha sido prohibida, y ante cualquier intento de nuestras compañeras para juntarse y protestar son rodeadas por policías o paramilitares. Estos hostigamientos comúnmente continúan en sus casas y se extienden a  sus familias. En Honduras las protestas son sistemáticamente reprimidas con gases lacrimógenos y otras formas de violencia policial. 

 Agredir y exponer nuestros cuerpos. Los golpes, empujones, tocamientos y otras formas de violencia sexual son parte de las vivencias relatadas por compañeras que han sido agredidas durante protestas en todos los países. Defensoras indígenas, defensoras de la tierra, transgéneros, lesbianas y jóvenes activistas de toda la región son quienes con mayor frecuencia se han enfrentado a los custodios de este sistema racista, machista, clasista y adultista al que nuestras voces incomodan. 

A lo anterior se suman ejercicios de intimidación como seguirles en los recorridos de las marchas, fotografiarlas, grabarlas en videos y luego divulgarlos en redes sociales.

Para las periodistas y comunicadoras estos ataques incluyen además despojarles o destruir sus instrumentos de trabajo, como teléfonos y cámaras, los cuales con frecuencia acaban formando parte del botín de los agresores. 

Discursos de odio desde las instituciones. Se ha incrementado el ataque sistemático contra feministas y sus organizaciones. “Feminazis”, “mareras”, “abortistas” “terroristas” y “vandálicas” son algunos términos utilizados desde los discursos oficiales para generar odio hacia nosotras, valiéndose del aparato estatal y las redes sociales para difundirlos. El terreno digital se ha convertido en otro campo de lucha, donde las feministas y líderes somos igualmente señaladas, hostigadas y agredidas, lo cual vimos incrementarse en 2020 sobre todo en países como El Salvador. Estas campañas de odio generan un impacto en nuestras redes de apoyo, en nuestras comunidades, organizaciones y familias y han llegado a materializarse en agresiones no solo por parte de cuerpos armados estatales, sino también de desconocidos o personas cercanas. 

Criminalización de las luchas y la protesta. En todos los países hemos documentado procesos de criminalización a compañeras cuyo único delito fue manifestarse y levantar la voz, como un intento de desmovilizar e instaurar el miedo, para evitar que salgamos a las calles. Un ejemplo de ello son las notificaciones que han recibido en México feministas participantes en las movilizaciones del 8 de marzo de 2020 por parte de la fiscalía, o la detención arbitraria de compañeras del Bajo Aguán y Guapinol en Honduras, o de defensoras jóvenes de Nicaragua y Guatemala por el simple hecho de manifestarse. 

La pandemia al servicio de la represión. La pandemia de la COVID-19 ha sido una herramienta para imponer medidas totalitarias que limitan nuestras protestas y nuestro derecho a informar e informarnos. La imposición de toques de queda y aislamiento obligatorio han sido las excusas para agredirnos, criminalizarnos y asesinarnos.

Es por todo ello que este 8 de marzo, como todos los días del año, las mujeres exigimos vivir sin violencia y poder expresarnos, reunirnos y manifestarnos sin miedo. 

Exigimos a nuestros Estados reconocer y responsabilizarse de la grave situación de violencia y desigualdad que enfrentamos las mujeres, y evitar cualquier acto de difamación u otra forma de violencia en contra nuestra. 

Este 8 de marzo estaremos vigilantes de las actuaciones de las autoridades y otros actores que pretendan acallar nuestras voces y denunciaremos cualquier acto de violencia y represión en nuestra contra. Pero, sobre todo, seguiremos cuidándonos juntas, defendiendo la vida y construyendo el mundo de dignidad y derechos que todas merecemos. 

 

       

 

[Alerta Defensoras] MÉXICO / Personas antiderechos rompen vidrio de auto, realizan pintas y lanzan huevos y bomba incendiaria contra el hogar de Ariadne Song en Quintana Roo.

Ariadne Song Anguas

Organización
Red Feminista Quintanarroense

Actividad
Derechos sexuales y reproductivos, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

HECHOS – La pasada semana, personas no identificadas de ideología antiderechos llegaron a las inmediaciones del hogar de la defensora Ariadne Song en Chetumal, Estado de Quintana Roo, rompieron el vidrio de su auto, realizaron pintas, lanzaron huevos contra la casa y una bomba incendiaria -bomba molotov-  al terreno baldío adyacente. En el momento del ataque la familia se encontraba al interior del domicilio.

Esta agresión se produce en el marco de una intensa campaña de desprestigio, difamación y linchamiento social instigada por grupos antiderechos y jerarquías religiosas

contra el movimiento feminista de Quintana Roo, el cual desde el pasado 25 de noviembre se está mobilizando en Chetumal para demandar que el Congreso local integre a su agenda legislativa la despenalización del aborto, primero con un plantón frente a las instalaciones el congreso y días más tarde con una toma pacifica de las mismas. Esto sucede apenas un mes después de que, en el mismo Estado de Quintana Roo, la policía de Cancún reprimiera a balazos una protesta que exigía justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras condenamos estos ataques y exigimos que cesen las amenazas, agresiones y criminalización contra la defensora de los derechos de las mujeres Ariadne Song Anguas, su familia y las colectivas feministas en el estado de Quintana Roo.

Asimismo, reiteramos nuestro llamado a instituciones, medios de comunicación y población en general a poner fin a los discurso de odio y estigmatización contra las activistas, organizaciones y movimientos feministas y contra quienes luchan por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en un país azotado por la violencia machista y feminicida, la impunidad y la dificultad para acceder a la verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas y sus familiares.