Registramos el uso de gases lacrimógenos, polvo extintor y gas pimienta en ocho entidades estatales
Detención arbitraria y criminalización de al menos 21 manifestantes mujeres, entre ellas 2 menores de edad y una activista con discapacidad.
19 mujeres periodistas agredidas en seis estados: Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México.
Uso excesivo de las fuerzas policiacas (estatales y municipales)
Campañas de estigmatización en contra de las manifestaciones y actos de protesta
Infiltración de personas que agredieron verbal y físicamente a las manifestantes poniendo en riesgo su integridad
Alertamos del subregistro de niñas, adolescentes y mujeres lesionadas por la utilización de gases, el uso de la fuerza pública, encapsulamientos y las retenciones ilegales de la libertad lo que genera altos impactos físicos, psicológicos y emocionales.
El pasado 8 de marzo, desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM), se registró una jornada alarmante de diversos actos de represión cometidos en contra de las movilizaciones desplegadas en distintos y múltiples puntos del país.
Al comienzo del monitoreo de esta jornada se advirtió el montaje generalizado e injustificado de un blindaje “preventivo” para el resguardo de edificios de gobierno y espacios públicos (plazas - parques) que en muchos de los casos solo sirvieron para facilitar las acciones de represión ejecutados por policías municipales y estatales.
Este preámbulo al comienzo de las manifestaciones genera un escenario de tensión. La presencia policiaca no responde al mandato de protección y garantía de nuestro derecho humano a la protesta social en un espacio público seguro y libre de violencia; al contrario, se ha vuelto una estrategia disuasiva del ejercicio a la libre manifestación que responde en primer lugar a la estigmatización de la movilización de las mujeres y los grupos feministas que participan este día en la legítima demanda por el respeto a nuestros derechos humanos.
Condenamos el uso de gases lacrimógenos durante las movilizaciones en los estados de: Puebla, Chihuahua, Zacatecas, Monterrey, Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México y Colima; estado en el que fue destituido el secretario de Seguridad Pública por haber ordenado sin justificación la utilización de este medio.
Advertimos sobre las campañas de estigmatización y criminalización de las movilizaciones en torno al 8M, como práctica que convoca a la violencia en contra de las mujeres; tal y como sucedió en el estado de Oaxaca en el que colectivas y organizaciones de derechos humanos y feministas demandaron del titular del ejecutivo estatal el cese y abstención de las narrativas estigmatizantes en contra de las participantes en las manifestaciones y actos públicos del 8M.
Alertamos sobre la escalada de violencia en contra de niñas, jóvenes y mujeres manifestantes ante el uso excesivo de la fuerza pública y las acciones de detenciones arbitrarias masivas que vulneran la integridad personal de los, les y las detenidas quienes son sujetas a malos tratos, crueles e inhumanos y en algunos casos igualmente sometidas a torturas psicológicas, físicas e incluso de carácter sexual.
Demandamos de manera enérgica la inmediata investigación imparcial e independiente de las autoridades responsables de las detenciones registradas en Puebla, Monterrey, Nuevo. León, y especialmente las realizadas en el estado de Zacatecas y asegurando para las manifestantes medidas cautelares para su atención médica, reparación de daños y su protección.
Finalmente hacemos un llamado urgente para que todas la autoridades municipales, estatales y federales se apeguen a las directrices internacionales para la protección de las manifestaciones de mujeres y los movimientos feministas que toman las calles en ejercicio a sus derechos de libertad de expresión y protesta social. Cese inmediato a la criminalización y estigmatización de las mujeres que luchan por los derechos de todas, todos y todes.