[Alerta Defensoras] EL SALVADOR / Organizaciones feministas enfrentan el 8M en un contexto de hostigamiento y difamación.

Este domingo 7 de marzo, en el Salvador, como en otros países, las salvadoreñas han marchado en favor de los derechos de las mujeres. Estas marchas se han desarrollado en un contexto de hostigamiento e intimidación hacia quienes defienden los derechos de las mujeres, dirigido especialmente contra aquellas que están defendiendo el derecho al aborto y los derechos sexuales y reproductivos en un país donde éste está absolutamente prohibido y las mujeres enfrentan penas de hasta 40 años de cárcel incluso cuando pierden sus embarazos de forma espontánea.

Durante la marcha en San Salvador, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos ha documentado diversas vulneraciones al derecho a la protesta, entre estas: actos de vigilancia e intimidación policial, intentos de detención con uso de violencia contra compañeras y el despliegue del ejército.

En este contexto, nuestras compañeras de la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, quienes se encuentran al frente del litigio del caso Manuela que los próximos 10 y 11 de marzo será presentado en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están siendo objeto de hostigamiento digital y de mensajes de grupos anti derechos en los que se las difama y se alienta a criminalizarlas.

Desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), de la cual forma parte la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, hacemos un llamado a los movimientos feministas y a toda la comunidad internacional a estar pendientes del desarrollo de las acciones que se llevarán a cabo en El Salvador en el marco de este 8 de marzo y del proceso del caso Manuela. 

Exigimos al Estado que se detenga ya el hostigamiento y amenazas en contra de las mujeres y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, adopte las medidas necesarias para que puedan continuar desarrollando su trabajo con garantías de seguridad, y libere inmediatamente a las mujeres que siguen privadas de su libertad tras ser criminalizadas por la interrupción de sus embarazos.

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