La ofensiva del Estado nicaragüense contra organizaciones feministas y de derechos humanos que en los últimas días, tal y como hemos denunciado desde la IM-Defensoras, había provocado la cancelación arbitraría de la personería jurídica de organizaciones de referencia como el CENIDH, CISAS, ieepp o Hagamos Democracia, hoy se ha dirigido contra otras 5 organizaciones más: el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), el Instituto Para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), la Fundación Para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación del Río), el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal, a las cuales también la Asamblea Nacional ha cancelado la personería jurídica.
Es importante destacar que al frente de algunas de estas organizaciones, todas ellas con una trayectoria contrastada de trabajo por los derechos humanos en el país, se encuentran compañeras defensoras feministas que han venido siendo objeto reiterado y sistemático de ataques, como Haydeé Castillo, Monica López Baltodano, Sofia Montenegro o Violeta Delgado, habiendo incluso algunas de ellas tenido que exiliarse fuera del país para garantizar su seguridad e integridad.
Desde la IM-Defensoras reiteramos nuestra más absoluta condena a estos actos arbitrarios que vulneran la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos de los y las nicaragüenses y suponen dejar en situación de indefensión a la población que se beneficia del fundamental trabajo de estas organizaciones en distintos ámbitos sociales y de derechos humanos.
Exigimos el cese inmediato de la campaña de persecución y represión contra organizaciones feministas y de derechos humanos y movimientos sociales en Nicaragua y, ante la gravedad de la situación y los oídos sordos del Gobierno, hacemos un llamado a la comunidad internacional e instancias y mecanismos oficiales de derechos humanos para que se posicionen al respecto e intervengan para posibilitar una salida pacífica y democrática a la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país.
