Estando la Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, conformada por más de 30 defensoras, defensores y periodistas de América Latina y Europa, tuvimos conocimiento de la amenaza de desalojo del Campamento de las comunidades organizadas en la OFRANEH establecido en la comunidad de Playa Uva, Cayo Menor, Cayo Cochinos para proteger el derecho de las comunidades a su territorio y proteger el medio ambiente.
En esta comunidad se está grabando el reality show Supervivientes de la emisora de televisión española Tele 5 y en la que están involucradas las empresas Mediaset, MFE-MediaForEurope, empresa neerlandesa y Banijay Group, empresa multinacional francesa. En esta comunidad también tiene presencia la Sociedad de Inversiones Ecológicas. S.A. (SIEC), cuyo principal inversionista es la Fundación Azteca Honduras, organización financiada por Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
La orden de “desalojo preventivo” fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción para el jueves 17 de septiembre de 2026. Este hecho constituye un nuevo acto de violencia contra el campamento establecido en los Cayos Cochinos, en los últimos días se amenazó con quemar las carpas, colchonetas y otros insumos del campamento y se hizo un fuerte despliegue policial del que resultaron agredidas tres defensoras.
Desde el 2015 se han emitido cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en favor del pueblo garífuna. En el 2015 las sentencias de los casos Punta de Piedra y Triunfo de la Cruz, el 2023 la relativa a la comunidad de San Juan, y más recientemente la sentencia sobre Cayos Cochinos. En todas ellas se reconoce el derecho a la propiedad colectiva,el derecho ancestral del pueblo garífuna sobre ese territorio y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Esta orden de desalojo incumple las sentencias de la Corte IDH y deja en grave indefensión a las comunidades garífunas que son continuamente afectadas por estas empresas. Por la grabación del Reality, por ejemplo, se prohibe la pesca que es uno los principales medios de vida de las comunidades o se impide el desove de las tortugas marinas, entre otros atropellos.
Como Delegación Internacional condenamos esta nueva violencia en contra del Pueblo Garífuna y exigimos que el Estado de Honduras cancele la orden de desalojo y garantice su obligación de proteger al pueblo Garífuna y cumpla con las Sentencias de la Corte Interamericana.
Nos mantendremos vigilantes y exigiremos a nuestros gobiernos que rechacen estos actos violatorios de los tratados y convenios internacionales y que exijan a las empresas involucradas que cumplan con la responsabilidad social corporativa a la que están obligados.