El pasado 31 de mayo 2026 fue anunciado oficialmente el fallecimiento del líder miskitu, legislador y máxima autoridad del partido indígena YATAMA, Brooklyn Rivera Bryan, mientras se encontraba injustamente privado de la libertad por razones políticas. Tres días antes de anunciarse el fallecimiento, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud habían publicado imágenes del líder miskitu por primera vez después de casi tres años de mantenerlo en situación de desaparición forzada. Las fotos lo mostraban con visible y severo deterioro físico. Su familia denunció que al momento de su detención, en septiembre de 2023, Brooklyn Rivera se encontraba en “condiciones óptimas de salud” y que el deterioro de su salud era resultado de su situación de desaparición forzada y falta de atención médica. Se trata de la séptima persona presa política fallecida bajo custodia del Estado nicaragüense desde el estallido social de abril de 2018.
Poco después de este anuncio, fuentes cercanas al pueblo miskitu denunciaron la detención de seis familiares y lideres comunitarios, quienes viajaron de sus comunidades para identificar y demandar la entrega del cuerpo para ser sepultado conforme a la cosmovisión y las tradiciones del pueblo miskitu. Hasta el momento se desconoce su paradero. Trascendió por medios oficialistas que el lider miskitu fue enterrado en hora de la noche sin autorización de miembros de la familia.
Hemos tenido conocimiento que se han incrementado los controles en las comunidades de Costa Caribe Norte y Sur, que hay despliegue de fuerzas especiales de la policía nacional y que se han activado mecanismo de vigilancia y hostigamientos contra liderazgos locales y personas defensoras de la comunidad.
Desde la IM-Defensoras alertamos a la comunidad internacional de la gravedad de esta situación, la cual continua vulnerando los derechos humanos y, en particular, la integridad y seguridad de las defensoras, especialmente las de pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes además de vivir el duelo colectivo ante la muerte de un líder histórico, enfrentan el riesgo de criminalización y desaparición forzosa, que ha sido el patrón de represión que durante estos 8 años ha caracterizado al gobierno totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Denunciamos la desaparición forzada de sus seis familiares, entre ellas 2 mujeres, para quienes exigimos su inmediata presentación con vida; también denunciamos la negación de información sobre el estado de salud del líder fallecido a su familia, así como la falta de respeto a la cosmovisión del pueblo miskitu y el derecho de brindar honras fúnebres dignas, conforme su cultura y tradiciones ancestrales.
Exigimos que se deje de perseguir y despojar al pueblo miskitu de sus derechos, autonomía y territorios, así como el cese de los ataques, hostigamientos y violencia política contra sus liderazgos y contra quienes defienden derechos humanos en la región.
Estos hechos son la constatación de la existencia de una política sistemática de violaciones a los derechos de las personas presas políticas o en situación de desaparición forzada y sus familiares, así como la violencia, racismo y discriminación que la dictadura se ha ensañado contra los pueblos y territorios indígenas y afrodescendiente, por lo que reiteramos nuestra condena y nuestra preocupación ante dicha situación y llamamos a la comunidad internacional a sumarse a la denuncia, a pronunciarse y a mantenerse atenta.