La persecución contra quienes se organizan para defender derechos humanos y el derecho a la asociación en Nicaragua no cesa y, durante el pasado mes de septiembre, otras 29 organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres fueron ilegalmente canceladas por el gobierno misógino, neoliberal e ilegítimo de Daniel Ortega. Con ello, ya suman 176 las organizaciones de este tipo que han sido clausuradas desde abril de 2018.

Estas cancelaciones se llevaron a cabo en cuatro jornadas (5, 12, 19 y 23 de septiembre) a través de la reforma de la Ley 1115 del pasado 24 de agosto que permite al Ministerio de Gobernación arrebatar la personería jurídica de las organizaciones sin pasar por la Asamblea Nacional.

Entre las organizaciones canceladas se encuentran algunas con una larga e importante trayectoria de trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres, como es el caso del Colectivo de Mujeres Itzá, una organización feminista, integrante de la Red de Mujeres contra la violencia y de la Red de Albergues de Nicaragua, con 33 años de trabajo en defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos y dando acompañamiento a sobrevivientes de violencia machista.

En 2009 el colectivo de Mujeres Itza logró construir un refugio para mujeres que necesitan protección integral ante el riesgo de femicidio en el municipio de Somoto, Departamento de Madriz, el cual estaba funcionando al momento de la cancelación ilegal de su personería júrídica. La clausura forzada de este albergue es un ejemplo, entre muchos otros, de los impactos de estas cancelaciones sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, quienes quedan en situación de mayor desprotección y vulnerabilidad en un país donde los femicidios y la violencia machista están a la orden del día y donde el gobierno ha desmantelado algunas de las principales instituciones públicas que velaban por los derechos y la protección de las mujeres y que habían sido fruto de las luchas históricas del movimiento feminista.

Tal y como desde la IM-Defensoras hemos denunciado en casos precedentes, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma. Además, la cancelación de las organizaciones viene acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes.

Condenamos este nuevo acto arbitrario contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y nos solidarizamos con todas estas organizaciones, manteniéndonos alerta y denunciando ante cualquier vulneración a los derechos y la integridad personal de quienes trabajan, colaboran, participan o son beneficiarias de ellas.

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas organizaciones, tomar consciencia de la gravedad de la situación que viven quienes defienden derechos humanos en Nicaragua y, de manera particular, quienes lo hacen desde el enfoque feminista y trabajando por los derechos de las mujeres, y alzar la voz para denunciar todas las arbitrariedades e injusticias sistemática y recurrentemente perpetradas por el gobierno para acallar las voces que luchan por construir un país más justo e igualitario, donde todas las personas tengan acceso a una vida digna y al pleno ejercicio de sus derechos humanos.