El jueves 19 de mayo, la presa política Nidia Barbosa fue sacada de su celda y trasladada al Hospital Amistad Japón Nicaragua en Granada, donde fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado crítico de salud, según denuncia su familia, a la cual no se le comunicó la situación ni tampoco se le permite verla ni acceder a mayor información. Ello pese a a que según el artículo 150, numeral 4 de la Ley 473, el sistema penitenciario nicaragüense tiene la obligación de informar a la familia en caso de enfermedad grave o muerte.
Personas de su familia se presentaron al hospital, donde fueron informadas de que tenían órdenes de no permitir su ingreso a la sala. Esto sucedió justo en el momento en que los funcionarios del hospital estaban llamando a acceder a la UCI a todas las famillias de las personas ingresadas en dicha unidad. El día de hoy siguen negando información y llama la atención la llegada al hospital de al menos 20 custodias policiales y del subdirector del Penal de Granada, quien manifestó con patente hostilidad que está prohibido el ingreso de la familia y que no pueden dar ninguna información.
Nidia Barbosa es una activista y defensora de derechos humanos, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que desde el 6 de noviembre de 2021 está privada de libertad, siendo posteriormente sentenciada, tras una farsa de juicio, a 11 años de cárcel, inhabilitación de cargos públicos durante este tiempo y 800 días de multa, por los presuntos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
La defensora padece problemas crónicos de insuficiencia cardiaca, así como bradicardia, los cuales requieren de una atención especializada de la cual ha sido privada durante su encarcelamiento. Su estado de salud se ha agravado desde que tuvo conocimiento de su injusta sentencia. A todo ello se unen las condiciones precarias de privación de libertad de las cárceles nicaragüenses y los malos tratos sistemáticos y tortura psicológica a que están siendo sometidas las presas políticas, tal y como hemos denunciado reiteradamente desde la IM-Defensoras.
Desde la IM-Defensoras exigimos que se permita a la familia de Nidia Barbosa verla y acceder a información sobre su estado; y señalamos al gobierno misógino, corrupto, neoliberal y totalitario de Daniel Ortega como responsable de la actual condición crítica de salud de la defensora y de cualquier consecuencia que se derive de la misma. Nos unimos a la demanda de su familia para que se le otorgue cambio de régimen carcelario por prisión domiciliar o que sea liberada.
Igualmente, hacemos un llamado urgente a órganos regionales e internacionales de derechos humanos, así como a la comunidad diplomática, para que dispongan todos los mecanismos que tengan en su haber con el propósito de denunciar esta situación y solicitar la inmediata protección de Nidia y su familia.