El martes 1 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Código Procesal Penal que supone una grave amenaza para las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en el país. Esta reforma, que fue promovida por el partido de gobierno, Nuevas Ideas, crea la figura del “agente encubierto digital”, a través de la cual se busca legitimar las prácticas de espionaje con el fin de incorporar evidencias de naturaleza digital en los procesos penales. También incorpora modificaciones al artículo 25 de la “Ley contra Delitos Informáticos y Conexos” que podrían propiciar la criminalización de periodistas con base en las fuentes de información que usan.
Ello sucede poco después de que organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaran que el gobierno salvadoreño ha usado el Programa Pegasus para espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de la intervención de sus dispositivos telefónicos.
Esta situación es especialmente preocupante con relación a periodistas y defensoras de derechos humanos mujeres o con identidades sexo-genéricas disidentes. En un contexto como el salvadoreño, marcado por la misoginia y los discursos de odio, es evidente que la vulneración de la privacidad y la intimidad implica un mayor riesgo y exposición para todas ellas. Solo durante el último año, la Red Salvadoreña de Defensoras ha emitido 6 alertas relacionadas con violencia digital contra defensoras de derechos humanos. En éstas se denuncian actos de intimidación y estigmatización, incitación a crímenes de odio y amenazas de muerte contra mujeres trans y colectivas feministas, quienes también han sido objeto de ciberacoso y uso de datos extraídos de cuentas personales, incluyendo ataques dirigidos contra integrantes de la propia Red Salvadoreña de Defensoras.
En septiembre de 2021, diversas redes y organizaciones internacionales de derechos humanos ya advertimos sobre el alarmante deterioro de los derechos humanos en El Salvador, expresado a través de la consolidación del autoritarismo. Con los precedentes ya conocidos de vigilancia ilegal y criminalización, esta iniciativa legislativa, al igual que el proyecto de ley de agentes extranjeros o el archivo de la “Ley para para el reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, agrava el clima de hostilidad y riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país, constituyendo una grave amenaza para su seguridad e integridad personal, así como para el efectivo ejercicio de su derecho a defender derechos.
Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras denunciamos que el actual gobierno utiliza una narrativa de “mano dura” contra la violencia y la corrupción mientras instrumentaliza las instituciones públicas para favorecer intereses políticos y económicos particulares y silenciar a las voces críticas, perpetuando las violencias y las desigualdades históricas que caracterizan al país y obstaculizando la labor de quienes trabajan para revertirlas.
Demandamos al Estado salvadoreño la derogación inmediata de estas reformas, que atentan contra derechos fundamentales de la población, y que desista de cualquier otra acción orientada a fiscalizar y criminalizar la labor periodística y la defensa de los derechos humanos.
Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación en El Salvador, a solidarizarse y acuerpar a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que día tras día trabajan por un país más justo e igualitario.