La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los derechos a la vida e integridad de la abogada y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.
Managua y San José, 25 de marzo 2021.- La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas cautelares a favor de la abogada y defensora de derechos humanos Danelia del Rosario Arguello y su núcleo familiar, al corroborar que se encuentran en una situación de grave riesgo tras una serie de amenazas, intimidaciones y hostigamientos en su contra en el actual contexto de Nicaragua.
Danelia Argüello ha colaborado en la documentación y denuncia de violaciones a derechos humanos; ha apoyado la defensa de activistas y mujeres defensoras de derechos humanos criminalizadas en la comunidad de Somoto; y ha participado de los procesos organizativos realizados por el movimiento opositor Unidad Azul y Blanco (UNAB). En los últimos meses se han agudizado las amenazas y actos de hostigamiento en su contra por parte de agentes de la Policía Nacional, fuerzas especiales antimotines y paramilitares, que han llegado a asediar permanentemente su vivienda, obstaculizando su derecho de libre movilización, a la defensa de derechos humanos y a la participación política.
Entre los hechos más recientes considerados por la CIDH destaca la detención ilegal de la que Arguello fue objeto el 16 febrero de este año, justo el mismo día en que la Comisión dio traslado al Estado de la solicitud de ampliación de medidas cautelares. De acuerdo con la información recogida por la CIDH, ese día Danelia se encontraba por fuera de la casa de un amigo suyo, ex prisionero político, conversando y tomando café cuando ambos fueron abordados por un teniente de la Policía Nacional, acompañado de 12 oficiales. El teniente le advirtió a Danelia que la estaba intimando para que regresara a su casa y se quedara dentro. Ante la negativa, Danelia y su amigo fueron detenidos, esposados y llevados caminando hasta la delegación de Policía, esto con el objeto de exponerles públicamente como delincuentes. En la estación permanecieron detenidos por 30 minutos sin que se les dijera el motivo y tras su liberación, se les advirtió que serían detenidos nuevamente si volvían a salir o a reunirse.
“Desde el 2018 empecé a ser hostigada y desde diciembre de 2020 prácticamente estoy en un régimen de casa por cárcel. Han sido innumerables las violaciones de derechos humanos hacia mi persona y hacia mi familia, mis hijos tienen derechos que les han sido cercenados”, señaló Danelia Arguello, quien destaca que su caso no es único. “En Nicaragua muchas personas vivimos en este estado de casa por cárcel. Yo espero que el gobierno quite a esta gente de la puerta de mi casa y pueda tener derecho a la libre circulación y al trabajo”.
Condena al hostigamiento
Este mismo año, la CIDH condenó la intensificación del hostigamiento en Nicaragua, reconociendo que “dichos actos se manifiestan en el despliegue de equipos policiales, de personas civiles, en las afueras de los domicilios durante todo el día. Lo anterior, con el fin de impedir la salida de estas personas o sus familiares; o bien, identificar y registrar a toda persona que entre o salga del lugar. En otros casos, serían objeto de seguimiento, detenciones, amenazas y allanamientos domiciliarios”. En su resolución, la CIDH reconoce estos hechos en el caso de Danelia y señala que “reflejan que existe una especial animosidad y hostilidad de parte de agentes estatales, tanto policiales como incluso un juez, en contra de la propuesta beneficiaria”.
Ante estos hechos, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de la beneficiaria y su núcleo familiar. En particular, el Estado debe asegurar que los derechos de los beneficiarios sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros” y le conmina a informar sobre las acciones que ha tomado para proteger a Arguello, así como para investigar los hechos denunciados. La Comisión le recuerda al Estado que el no cumplir con este deber de informaciones es “especialmente grave, dada la naturaleza jurídica de estas medidas que buscan la prevención de daños irreparables a personas en situación de gravedad y urgencia”.
La solicitud de ampliar las medidas de protección para Arguello Cano es parte de una causa mayor que busca la protección de 35 mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua. En 2018 la CIDH otorgó medidas a estas mujeres defensoras y las amplió en 2020, considerando que “los eventos de violencia e inseguridad de mujeres defensoras se ven influenciados por su género, estando expuestas particularmente a varias formas de violencia, incluida la sexual, así como violencia contra sus familias; en adición a otros obstáculos que amenazan el trabajo de personas defensoras en general”.