Las defensoras de Derechos Humanos denunciamos el alarmante incremento de la violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, así como la impunidad asociada a los crímenes y agresiones cometidos contra quienes ejercen el derecho a defender los derechos humanos. Esta situación se exacerba en el contexto de la pandemia COVID-19.
Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocemos el trabajo que su gobierno lleva a cabo a favor del combate a la corrupción así como la atención a la deuda de la memoria, verdad, justicia reparación de las deudas históricas con cientos de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, quienes en su caminar por justicia se convierten en personas defensoras de derechos, atendidas y acompañadas por organizaciones de la sociedad civil ante un Estado históricamente indolente. Organizaciones que, además asumen como causa propia la búsqueda de verdad, memoria, reparación y no repetición, la mayoría de las veces poniendo en riesgo la integridad y vida de quienes colaboran, aportando sus conocimientos, habilidades y expertise ante instituciones gubernamentales incapaces de garantizar protección y acceso a la justicia para miles de mexicanos y no nacionales que ven vulnerados sus derechos.
Por ello, señor Presidente, nos alarman las declaraciones que Usted realizó en la conferencia matutina del 28 de agosto de 2020, al señalar que organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación “habían recibido fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras para oponerse a la construcción del Tren Maya”, exigiendoles transparentar recursos y financiamiento.
Estas manifestaciones reafirman un discurso estigmatizador y reproductor de la violencia hacia personas defensoras de derechos humanos, pero también criminaliza la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
En el Estado Mexicano, la transparencia de recursos y la rendición de cuentas, debe ser una práctica continua, y esa es la razón de ser de entidades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, y otras más, que están encargadas de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas físicas y morales, así como de investigar el origen de esos recursos.
Señor Presidente, le exhortamos a que sus acciones y declaraciones se enmarquen dentro estándares internacionales de derechos humanos derivadas de las responsabilidades asumidas por México, cuyo sustento amplio se encuentra en la Reforma de junio de 2011 al artículo 1ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y observe el contenido del informe del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensores de los derechos humanos acerca de su misión en México, del año 2017, en el que señala:
“...La criminalización viene a veces precedida de declaraciones pronunciadas por funcionarios que acusan a los defensores de los derechos humanos de cometer delitos, poner en peligro la seguridad nacional u obstaculizar el desarrollo económico. Esas declaraciones descalificadoras de funcionarios de alto nivel pueden desencadenar o agravar unos prolongados procesos penales contra los defensores…” (parr. 24)
Por ello, las declaraciones con ánimo de desprestigiar, deslegitimar y criminalizar la labor de defensa de derechos humanos, realizadas por el gobierno mexicano, pueden agravar el contexto de violencia en el que de por sí realizan su labor las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; generando responsabilidad internacional por dichas manifestaciones así como por la situación de riesgo en que coloca a quienes defienden derechos humanos.
La defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales puede constituir una amenaza para intereses públicos o particulares que impulsan proyectos a gran escala de minería, energía o infraestructura, y por tanto se generan campañas que pretenden deslegitimar esa defensa.
Desde la Red, nuestro reconocimiento a la labor de defensa de derechos humanos que llevan a cabo CEMDA, Animal Político, y nuestra solidaridad con las organizaciones de la península de Yucatán Consejo Regional Indigena y Popular de Xpujil A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Diálogo y Movimiento A.C., Indignación A.C y Fundación para el Debido Proceso Legal A. Por lo anterior, exhortamos al Gobierno Federal y gobiernos locales a cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensores de los derechos humanos acerca de su misión en México, del año 2017 :
El Relator Especial recomienda al Gobierno de México que:
a) Refuerce el estado de derecho en el país, en particular mediante la plena ejecución de las sentencias de los juicios de amparo y otros mandamientos judiciales dictados en relación con los defensores de los derechos humanos y su labor;
b) Reconozca públicamente, a nivel federal y estatal, el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos y los periodistas en la sociedad y condene las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos y los intentos de desacreditarlos;
c) Garantice la investigación pronta e imparcial de las amenazas y la violencia de que hayan sido objeto los defensores de los derechos humanos, lleve ante la justicia a los autores y cómplices culpables de esos delitos y proporcione reparación a las víctimas;
d) Estudie, por conducto de la Procuraduría General de la República, la posibilidad de crear, a nivel federal y estatal, entidades especializadas que investiguen los casos de violencia ejercida contra defensores de los derechos humanos y coordinen su labor con otras fiscalías;
e) Revise los métodos de trabajo, los criterios relativos a la jurisdicción y los resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a fin de incrementar la repercusión de este organismo;
f) Elabore protocolos de investigación de los delitos en línea cometidos contra defensores de los derechos humanos y vele por que existan mecanismos para impedir la vigilancia ilegal en línea;
g) Aplique plenamente las resoluciones internacionales, las recomendaciones y las medidas precautorias o urgentes dictadas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los defensores de los derechos humanos;
h) Vele por que durante los debates legislativos que afecten a los derechos humanos se consulte de forma efectiva a los actores de la sociedad civil y por que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones;
i) Evite la aprobación de instrumentos legislativos que restrinjan los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica, y revise los ya existentes, incluidos los que establezcan definiciones ambiguas de delitos conexos como la “alteración del orden público”;
j) Elabore, apruebe y evalúe políticas públicas integrales orientadas a prevenir las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las defensoras de los derechos humanos, así como medidas destinadas a eliminar las causas estructurales que contribuyen a generar los riesgos que corren y adaptadas a las necesidades de diferentes grupos, como los pueblos indígenas y las defensoras de los derechos humanos;
k) Apruebe políticas públicas para la protección de los defensores de los derechos humanos desplazados dentro del país que atiendan a sus necesidades socioeconómicas y estén coordinadas con los planes de apoyo a las víctimas;
l) Asegure unos recursos presupuestarios y humanos suficientes para el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal y estatal, entre otros fines para adoptar medidas de protección sobre el terreno y dar respuesta a las necesidades específicas de protección de las defensoras de los derechos humanos;
m) Celebre consultas efectivas en el marco de proyectos que afecten a las comunidades indígenas y garantice que se solicite y obtenga su consentimiento libre, previo e informado en consonancia con las normas y principios internacionales;
n) Vele por que los inversores y las empresas extranjeros y mexicanos cumplan sus responsabilidades en materia de derechos humanos y sancione a las empresas implicadas en violaciones de losderechos humanos cometidas contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero;
o)Integre perspectivas comunitarias y de género en todas las políticas y asegure la participación de las mujeres y las comunidades en los procesos de adopción de decisiones relativas a la promoción, la protección y el empoderamiento de los defensores de los derechos humanos, entre otras cosas en el contexto del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;
p) Elabore un marco legislativo para la protección de los denunciantes de irregularidades;
Atentamente,
Consejo Regional Indigena y Popular de Xpujil A.C.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
Diálogo y Movimiento A.C.
Indignación A.C.
Fundación para el Debido Proceso Legal A.C.