Managua y San José, 26 de junio de 2020.- Las organizaciones firmantes demandamos la pronta liberación de todas las personas presas políticas en Nicaragua, quienes, en su mayoría, fueron detenidas de forma violenta y han sido sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violencia sexual, como forma de castigo y método de tortura por el ejercicio de su libertad de expresión y manifestación. Esta era una práctica cometida por agentes estatales y fue generalizada y sistemática a partir de abril 2018.
Todos los actos de tortura fueron cometidos en centros policiales, penitenciarios y lugares clandestinos, tanto por agentes estatales como por fuerzas paraestatales con total garantía de impunidad. Aunque el número de personas detenidas desde abril de 2018 no ha podido determinarse, el informe anual de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registra más de 2.200 arrestos entre agosto de 2018 y julio de 2019, indicando que la mayoría de las personas fueron liberadas en un plazo de 48 horas, una práctica calificada como arrestos express que se continuó registrando en el país. En la actualidad, se estima que alrededor de cuatro mil personas han sido detenidas arbitrariamente desde abril de 2018 de las cuales, al menos novecientas han enfrentado procesos judiciales viciados y sin garantías procesales.
Al respecto, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ y la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras han documentado al menos 82 casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes: 29 mujeres, 8 mujeres transgénero y 45 hombres; de los cuales, al menos en 25 casos hubo violencia sexual perpetrada tanto en centros clandestinos como de detención policial. Asimismo, se registró la denuncia de tres abortos provocados por la violencia durante la reclusión, además de la negativa de atención médica, poniendo la vida de las mujeres en riesgo. En el caso, de las mujeres trans, al menos cinco de ellas fueron enviadas al centro penitenciario de varones Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”; donde sufrieron violencia psicológica y otros malos tratos, como ser obligadas a desnudarse delante de sus compañeros.
Más recientemente, el 12 de marzo de 2020 falleció el joven Melvin Urbina Gómez, quien estuvo detenido en la delegación de Posoltega, Chinandega, del 8 al 10 del mismo mes. El día de su liberación fue llevado a su casa golpeado, sin poder hablar ni caminar, como consecuencia de las agresiones recibidas bajo custodia. Según declaraciones brindadas por sus familiares a La Prensa, una doctora del Hospital España -lugar donde murió- les dijo que la causa directa del deceso se debió a una fuerte golpiza. Este crimen continúa impune.
En todos los testimonios recabados, las víctimas reconocen las precarias e inhumanas condiciones carcelarias, así como las crueles medidas tomadas en su contra, tales como el aislamiento extremo,
hacinamiento, agresiones físicas mediante golpes, choques eléctricos y violencia sexual, interrogatorios constantes, desnudez forzada, alimentación denegada y/o contaminada, limitado acceso a agua potable y atención médica, así como la negación a visitas familiares o conyugales, y falta de acceso a recibir sol de forma regular y a espacios o actividades recreativas. Todos estos actos han sido reconocidos por organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Estas graves violaciones a derechos humanos, se mantienen incluso en el contexto y desarrollo de la pandemia COVID-19. En el marco de la crisis se ha negado a familiares el ingreso de alcohol en gel, medicinas y guantes como medidas preventivas. Según el Observatorio Ciudadano sobre la pandemia, al menos 37 personas presas políticas presentan síntomas sin recibir atención médica debida, como es el caso de María Esperanza Sánchez, Uriel Velásquez, Denis García cuyos derechos a la salud y la vida continúan en riesgo y en sus casos, como en el de otros privados de libertad, se han solicitado medidas cautelares a su favor ante la CIDH, organismo que ya ha urgido “a los Estados a enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad… y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias… así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad”.
Frente a todo ello, hoy, en el Día Mundial en apoyo a las víctimas de tortura, las organizaciones firmantes:
1. Condenamos los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados en contra de las personas privadas de libertad en Nicaragua.
2. Nos solidarizamos con todas las personas sobrevivientes de tortura y nos sumamos a la demanda de libertad para las 97 presas y presos políticos.
3. Urgimos la adopción de medidas inmediatas a favor de la población carcelaria, para prevenir la pandemia COVID-19 en las cárceles y asegurar información, atención y tratamientos médicos a las personas privadas de libertad.
4. Instamos a los Estados a facilitar a las víctimas de tortura en Nicaragua la oportunidad de acceder a los mecanismos de justicia universal para iniciar investigaciones y eventuales procesos penales en contra de las personas responsables del ejercicio de tortura y de toda su cadena de mando.
5. Exhortamos a los mecanismos internacionales a seguir fiscalizando la situación de Nicaragua, en especial de las personas privadas de libertad, y a implementar, según sus mandatos, las acciones correspondientes para ayudar a erradicar esta práctica sistemática y generalizada.
Firman:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND)
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD)
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
Unidad de Registro (UDR)