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Mesoamérica, 28 de mayo de 2019 - La marcha por la libertad de los presos y presas políticas que estaba convocada para el domingo 26 de mayo no pudo llevarse a cabo debido a un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares que reprimieron e inhibieron a la población que pretendía manifestarse pacíficamente. Ello, pese a las previas y reiteradas advertencias por parte de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH sobre la obligatoriedad que tiene el Estado de Nicaragua de garantizar el libre ejercicio de la protesta social.
Según informaciones a las que ha tenido acceso la IM-Defensoras, la capital del país, Managua, amaneció militarizada y en el transcurso del día se produjeron diversos actos de represión contra la población con un saldo de tres personas heridas (dos de ellas mujeres) y siete detenidas de manera arbitraria (una mujer entre ellas).
Desde el estallido, en abril de 2018, de la crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua, la represión de la movilización social ha sido una estrategia sistemática del Estado para inhibir y silenciar el legítimo derecho de la población a la protesta y a expresar su discordancia con el gobierno. Como parte de esta estrategia, al menos 730 personas se encuentran en situación de presas políticas, de las cuales 227 permanecen privadas de libertad y 401 han sido excarceladas con procesos abiertos y/o condena. Tal y como se ha denunciado recientemente desde la Campaña #QueLasLiberen, esta situación afecta a 45 mujeres, de las que diez permanecen presas bajo condiciones de extrema precariedad.
En este contexto, también la labor de las organizaciones y mujeres defensoras de derechos humanos se ve afectado y sometida a niveles de riesgo y agresión que ponen en peligro su desarrollo, fundamental para el monitoreo, acompañamiento y documentación de las vulneraciones a derechos humanos, exponiendo a una mayor indefensión a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
Desde la IM-Defensoras consideramos que el avance hacia una solución pacífica del conflicto vigente solo puede producirse en un marco de total respeto a los derechos humanos y políticos de la población nicaragüense, lo que implica garantizar el libre ejercicio de la protesta social, la liberación total y sin cargos de todos los presos y presas políticas y el cese de la persecución contra periodistas, movimientos sociales y organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Finalmente, reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que no aparte sus ojos de Nicaragua y se mantenga al pendiente de la grave crisis social, política y de derechos humanos que todavía sigue vigente en el país y generando múltiples afectaciones y violaciones a derechos fundamentales de la población.